Ampliando el acceso a la salud: una propuesta para fortalecer los servicios sociales complementarios en Colombia
Ampliando el acceso a la salud: una propuesta para fortalecer los servicios sociales complementarios en Colombia
POR: JAIR ANDREY BARRAGÁN
Abogado Editor Especialista. Notinet
La salud es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia, específicamente en su artículo 49. Sin embargo, garantizar un acceso efectivo y equitativo a este derecho sigue siendo un reto, especialmente para las poblaciones más vulnerables. En este contexto, el Proyecto de Ley Número 049 de 2024, radicado en la Cámara de Representantes para su discusión en primer debate, representa una oportunidad para avanzar en la definición y regulación de los servicios sociales complementarios en salud (SSC), un componente esencial pero históricamente descuidado en el sistema de salud colombiano.
Este proyecto de ley tiene como propósito establecer los lineamientos para la prestación de servicios sociales complementarios en salud. Dichos servicios son aquellos que permiten a una persona acceder efectivamente a tratamientos médicos cuando su condición económica y geográfica no se lo permite por sí sola. Entre ellos se incluyen transporte, hospedaje, acompañamiento, cuidados crónicos de enfermería en casa y otros servicios esenciales. El enfoque principal del proyecto es la población con índices de pobreza multidimensional elevados, que enfrenta barreras significativas para acceder a servicios médicos, especialmente en zonas rurales y apartadas. Así, la iniciativa busca cerrar las brechas existentes en el acceso a la atención integral en salud, garantizando que factores como la ubicación geográfica o las condiciones económicas no sean obstáculos para recibir servicios médicos adecuados.
El marco jurídico que respalda esta iniciativa se encuentra en la Ley 100 de 1993, que establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Esta norma tiene como objetivo garantizar los derechos irrenunciables de las personas y comunidades para alcanzar una calidad de vida acorde con la dignidad humana. Dentro de sus disposiciones, se incluye la prestación de servicios sociales complementarios como una herramienta para lograr estos fines. A pesar de esta base normativa, los SSC han cuidado de un desarrollo reglamentario robusto y claro. Según la Ley 100, estos servicios deben formar parte integral del sistema, pero la falta de definición específica ha generado incertidumbre en su implementación. Este vacío normativo afecta de manera desproporcionada a las personas más vulnerables, como adultos mayores en estado de indigencia o pacientes que requieren atención médica fuera de sus lugares de residencia habitual.
La Corte Constitucional ha sido clave en la interpretación y desarrollo de los SSC. En decisiones emblemáticas como la Sentencia T-760 de 2008, el tribunal resaltó que la salud debe ser un derecho integral, lo que incluye el acceso a servicios complementarios como hospedaje, transporte y atención domiciliaria. Asimismo, en la Sentencia C-313 de 2014, se reafirmó la obligación del Estado de implementar políticas públicas efectivas que garanticen estos servicios para las poblaciones en mayor riesgo de exclusión social. Estas decisiones han sentado precedentes importantes, exigiendo que el acceso a los SSC no sea tratado como un privilegio, sino como una extensión lógica del derecho fundamental a la salud.
El análisis del acceso a los CSS en Colombia revela desigualdades profundas. Mientras que las áreas urbanas tienen una mayor cobertura, las zonas rurales enfrentan una severa falta de servicios básicos como transporte para pacientes, hospedaje en casos de tratamientos prolongados y atención domiciliaria. Estadísticas recientes indican que el 60% de la población colombiana tiene algún nivel de acceso a la CSS, pero esta cifra se reduce significativamente en las zonas rurales. Además, el 70% de los usuarios de estos servicios son mujeres, reflejando una brecha de género que también debe ser considerada en las políticas públicas.
El proyecto de ley plantea medidas para subsanar estas disparidades y establecer un marco normativo claro para los SSC en salud. Entre sus objetivos principales se encuentran:
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Definir con precisión los servicios sociales complementarios en salud para eliminar las ambigüedades actuales.
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Garantizar la sostenibilidad financiera de estos servicios, estableciendo fuentes claras de financiación y mecanismos de asignación de recursos.
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Ampliar la cobertura geográfica y poblacional, priorizando a los grupos más vulnerables, como personas en condiciones de pobreza extrema o habitantes de zonas rurales.
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Establecer criterios uniformes para la prestación de servicios, asegurando que todas las regiones del país puedan beneficiarse equitativamente.
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La aprobación de esta iniciativa no solo llenará un vacío jurídico, sino que también contribuirá a la construcción de un sistema de salud más equitativo e inclusivo.
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