CAMINOS DIVERGENTES

GUSTAVO PETRO

RODOLFO HERNANDEZ

Se buscará un desarrollo de la estabilidad macroeconómica al servicio de la ciudadanía, lo que implica un enfoque integral y funcional de las finanzas, donde el empleo, la distribución y las fuentes de crecimiento tengan la misma importancia que el pago de la deuda y el control de la inflación.

Se tendrá un diálogo permanente con el Banco de la República respetando su real independencia, esto será clave en la búsqueda de una política monetaria incluyente, fundamental para superar la crisis.

Cree en el fortalecimiento de la banca pública para que esta compita con la oferta privada actual y, así, en su perspectiva, el crédito se haga más accesible.

Crearía un holding financiero que agrupe a las instituciones financieras del Estado.

Aumentaría los subsidios actuales, fortaleciendo las transferencias.

Se enfatizará en la vocación pública y social de esta nueva entidad crediticia para potenciar el crédito a aquellas unidades empresariales que no han tenido acceso al mismo, frenando sus capacidades en generación de empleo y bienestar.

Atendiendo a la crisis mundial del comercio y en particular del precio de los insumos agropecuarios, en el corto plazo buscaría la recuperación productiva de Monómeros y Ferticol y el desarrollo de una industria nacional de fertilizantes e insumos.

Conservaría la autonomía del Banco de la República.

Ha sido crítico del constante aumento de la tasa de interés por parte del Banco Central.

Considera clave mantener las tasas bajas, pero no a través de la intervención, sino por medio de crédito económico ofrecido por el gobierno que compita con la banca.

Para una mayor estabilidad del precio de los alimentos, combatiría la especulación a través de la creación de mercados campesinos, garantizando mejores medios de transporte y la disposición de centros de acopio.

Antes que impulsar reformas tributarias, que considera nocivas para la economía, propone priorizar la vigilancia sobre la elusión y la evasión.

Establecería un Estatuto Tributario Territorial que aumente la base de los ingresos tributarios territoriales y que actualice el catastro, asegurando su articulación con el registro para incrementar el predial.

Mantendría los programas de subsidios vigentes, pero los revisaría para reducir sus costos administrativos asociados y eliminaría la intermediación bancaria innecesaria.

Impulsaría una renta básica que se gestione en su totalidad desde el Banco Agrario y que no genere costo alguno al beneficiario. No explica de dónde provendrían los recursos.

Desarrollar una reforma burocrática profunda, a partir de un análisis de efectividad en la gestión de cada entidad o agencia estatal. Según él acabará con tanta burocracia y cargos que no sirven. Vamos a ahorrar lo que más se pueda, para trasladar ese dinero a la inversión social, dice.

GUSTAVO PETRO

RODOLFO HERNANDEZ

Exploraría nuevos gravámenes a sectores más pudientes, principalmente rentas al capital.

Aumentaría los impuestos sobre los dividendos y obligaría a las empresas a repartir dividendos por al menos el 70% de los beneficios, es decir, ya no será posible capitalizar sino el 30% de las utilidades, el resto tendría que distribuirse entre sus accionistas.

Eliminaría gradualmente beneficios y exenciones fiscales que no cumplan funciones "económicas y sociales", que beneficien a los sectores petrolero y minero, o que beneficien a las personas con mayores ingresos.

Eliminaría las rentas cedulares creando una sola tabla en donde se cobre el mismo impuesto a las rentas laborales que a los dividendos y las ganancias ocasionales, eliminando la posibilidad de que las personas más ricas y de mayores ingresos tributen a tarifas preferenciales.

Gravaría la comercialización de productos intensivos en carbono.

Propondría al propietario del latifundio improductivo activar la producción de sus terrenos, pagar los impuestos correspondientes, o en última instancia, venderlos al Estado para que este a su vez lo entregue a las comunidades rurales.

Aplicaría una tarifa general que reduzca el IVA al 10%, y que mantenga la canasta familiar libre del impuesto y reclasifique los demás bienes y servicios excluidos. Se eliminaría el IVA descontable. Seguiría exenta de IVA la canasta familiar.

Incrementar la base de los ingresos tributarios territoriales, sin que ello implique nuevas reformas tributarias. Solo redistribuyendo fuentes y mejorando los recaudos donde campea la elusión y la evasión.

Introduciría impuestos compartidos con el gobierno central, de acuerdo con parámetros no especificados de incentivos de eficiencia.

Eliminaría los impuestos a la adquisición de bienes de capital.

Actualizar el catastro y asegurar su articulación con el registro para incrementar el predial.

GUSTAVO PETRO

RODOLFO HERNANDEZ

Se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado.

El Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios.

El Estado contratará obras de menor tamaño e impacto local, veredal o barrial en las que se contrate a las poblaciones que allí habiten, e implementará programas de convivencia ciudadana, que vinculen personal para realizar actividades orientadas a la reducción de la violencia y la delincuencia; para lo cual se promoverán cambios en la ley de contratación que permitan la oferta de bienes y servicios de la economía social y popular.

El Estado priorizará el aumento de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo del país, mediante programas de acceso al crédito con bajas tasas de interés o intereses condonables, la financiación a la nómina y el descuento en servicios públicos como medidas para la contratación de personal con garantías laborales.

Empleo para las mujeres: Los programas de empleo público permitirán superar las barreras de acceso y movilidad laboral u ocupacional que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, por discriminaciones debido a su género, edad, pertenencia étnica, nivel educativo o socioeconómico, brindando oportunidades de formación y cualificación.

Disminuir las barreras de entrada a los nuevos empresarios, simplificando y reformando la estructura de trámites, impuestos y costos de renovación, entre otros procesos.

Incentivar el emprendimiento entre los jóvenes estableciendo iniciativas de no pago por impuesto, hasta que cumplan tres años de operación y rendimiento sostenidos.

Ampliar los esquemas de financiación a las pequeñas y medianas empresas, Pymes, y a los emprendimientos en sus fases tempranas. Por vía normativa se establecerá que los créditos destinados a la creación y fortalecimiento de las Pymes deban tener un interés igual o menor al que recibe el Banco de la República por la colocación en la banca privada de los recursos nacionales.

Fortalecer la relación entre Universidad – Empresa – Estado, a través de la promoción de alianzas (clústeres) que generen incentivos económicos para las investigaciones que conduzcan a nuevas patentes, en donde las instituciones regionales actúen en red con los empresarios, generando programas académicos y proyectos públicos pertinentes, de alta calidad, que garanticen mayor desarrollo regional y más empleo en un modelo económico vocacional del territorio.

Potenciar el crecimiento económico del sector manufacturero, la demanda interna de bienes y servicios, disminuir las importaciones y maximizar las exportaciones, en una dinámica en la que se pueden involucrar políticas de investigación en las universidades para mejorar todas las condiciones de producción, de manera que el sector sea competitivo y puedan sustituirse importaciones.

Coordinar los mecanismos de control y vigilancia de la política laboral y de salud. Simplificar los trámites para vincularse a la seguridad social.

Permitir a los trabajadores independientes acceder a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y revisar los servicios que ofrecen las Cajas de Compensación.

GUSTAVO PETRO

RODOLFO HERNANDEZ

La Investigación básica y aplicada será financiada por el Estado para potenciar su papel en la innovación tecnológica del sector productivo y del conjunto de la sociedad.

Se rescatará el sentido original del contrato de aprendizaje como mecanismo para la formación profesional, y no como instrumento de precarización laboral de los jóvenes. Se Generarán alternativas económicas para garantizar la etapa productiva en el ciclo de formación de todos los aprendices, incluyendo a los trabajadores de las economías populares.

El SENA reconocerá e incluirá los saberes, prácticas, rituales, territorios, autoridades, organizaciones y demás características de las economías populares, y sobre tal base apoyará su fortalecimiento productivo, organizativo y comunitario. La protección del conocimiento de las comunidades será fundamental en el proceso de reconocimiento social, político y productivo de las economías populares.

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) será el instrumento para lograr la articulación, en el nivel local y regional, entre universidades, empresarios, comunidades y entidades públicas, de manera que se estimule el mejoramiento de la productividad, a partir del reconocimiento del contexto y potencialidades territoriales.

Reformar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa de forma que se implementen mejoras continuas, orientadas a una gestión eficiente en todos los niveles del gobierno e instituciones educativas, como sujetos del cambio a partir de la adopción de procesos de descentralización que transfieran responsabilidades administrativas y financieras a las instancias locales. Así mismo, vincular la calidad educativa en el área rural. Desde esta propuesta, la calidad es entendida como proceso y no solo como fin.

Pasar de una medición cuantitativa de títulos o diplomas a un análisis cualitativo de los docentes y formadores en general; una medida que analice el verdadero impacto de la labor docente. Por consiguiente, el país requiere profesores formados con autoridad pedagógica, pensamiento crítico y solidario.

Mejorar el monitoreo y rendición de cuentas de todos los actores del sector educativo para implementar medidas integrales y no parciales.

Alcanzar una cobertura del 100 % en educación superior y para lograr dicho objetivo se invertirá en la construcción de más centros educativos superiores, empezando desde las regiones más apartadas y pobres del país; se aumentarán las transferencias a las universidades y se promoverá una norma que les permita a las entidades territoriales el uso de las regalías para financiar el pago de profesores y subsidios de matrículas a estudiantes.

Mejorar las condiciones de bienestar de los docentes hacia una dignidad de la labor que incluya una revisión profunda del sistema de salud. La escala salarial, las becas para estudios de extensión y el apoyo en transporte con especial énfasis en los maestros rurales. Esta meta exige revisión y transformación del sistema de escalafón actual, y la vinculación formal de docentes con mejores sueldos, para reducir las prestaciones de servicios, sobre todo en la educación superior.

Condonar progresivamente las deudas de los estudiantes con el ICETEX.

Complementar esta política de ayuda otorgando subsidios directos de 20 mil pesos diarios a quienes vivan a más de 50 km. Esto disminuirá la deserción y mejorará la calidad de vida estudiantil, la cual a su vez dejará de ser una carga para la familia.

GUSTAVO PETRO

RODOLFO HERNANDEZ

Para atajar el pasivo pensional, propone crear un sistema de pilares que elimine la competencia entre los dos regímenes actuales, y cuya base sería Colpensiones. Con ello, busca que se garantice una pensión pública de un monto básico. Los fondos privados serían complementarios y no competitivos.

Articulará las políticas sociales en un sistema único de protección del adulto mayor que incluya la garantía del mínimo vital en materia de servicios básicos y garantizaremos a través de la reforma pensional un bono pensional para quienes no pudieron contribuir y la pensión efectiva para quienes lo hicieron total y parcialmente.

Unificará el Sistema General de Pensiones para proteger el derecho, lograr equilibrio presupuestal y liberar al menos 13 billones de pesos del presupuesto del gobierno que actualmente son girados a Colpensiones. El nuevo modelo, se organizará mediante pilares de tipo no contributivo, contributivo y complementario, combinando el régimen de prima media y el de capitalización a través de tres modalidades, así:

Pilar solidario básico: garantizará un bono pensional no contributivo equivalente a medio salario mínimo para los hombres y mujeres adultos mayores que hoy día no tienen derecho a la pensión.

Pilar contributivo: toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos, cotizarán de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de 1 a 4 SMLV, lo que asegurará una pensión básica bajo el régimen de prima media. Las personas cuyos ingresos sean superiores a 4 SMLV decidirán libremente donde cotizar el excedente; en este pilar participarán las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Ahorro voluntario complementario: todos quienes quieran complementar su pensión podrán ahorrar en un fondo voluntario de pensiones.

Se respetarán las actuales pensiones y no se afectarán los derechos adquiridos, así como de quienes tienen una expectativa legítima de pensión. En ese sentido, no se incrementará la edad ni tampoco se modificará la pensión de sobrevivencia para cónyuges, hijos con discapacidad, estudiantes y demás beneficiarios.

El sistema de salud será público y universal por lo que el acceso oportuno y de calidad a la prestación de los servicios no dependerá de la capacidad de pago para lo cual se avanzará a un sistema único sin regímenes contributivo y subsidiado financiado por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas.

Las EPS prácticamente desaparecerían, en el sistema de salud propuesto.

Les otorgaría facultades extraordinarias a las secretarias de salud departamentales y municipales, que reemplazarían buena parte de las funciones de las EPS. Las supervisaría el naciente Consejo Nacional de Salud, adscrito al Ministerio de Salud.

Priorizaría la atención primaria y apostaría por un modelo de salud de carácter preventivo, que ahorre costos futuros.

Reformaría a Colpensiones para permitir captación de ahorros que mejoraría su competitividad frente a los fondos privados.

Otorgaría una pensión de un salario mínimo a todos los adultos mayores que no lograron una en el sistema actual, aunque no precisa de dónde obtendría los recursos para financiar estas pensiones.

Revisaría las pensiones de los más privilegiados para exigirles una carga impositiva.

Implementaría controles de precios a todos los procesos de prestación de servicios de salud para mejorar su eficiencia y reducir costos.

Eliminaría la intermediación en contratos a profesionales de la salud, con una reducción en los contratos de prestación de servicios.

Profundizaría los controles de precios a la industria farmacéutica.

Legalizaría las drogas bajo un enfoque que asuma la adicción como una enfermedad crónica.

Realizaría un censo de adictos a sustancias alucinógenas y psicoactivos para apoyar el desarrollo de políticas públicas.

Crearía centros de atención para que las personas en condición de adicción accedan a sus dosis de manera controlada y evitar el riesgo que supone exponerse a un mercado ilegal.

Vía normativa, garantizar el pago oportuno a los prestadores del servicio, lo cual significa eliminar los costos financieros que asumen las IPS y las ESE por cuenta de la morosidad.

Dar atención a toda la población, sin que importe el régimen al cual pertenezca. Esto implica la eliminación de los regímenes existentes actualmente.

Acabar con la dificultad en el acceso a las especializaciones médicas, ubicando médicos a partir de un sistema de méritos y generar subsidios de manutención temporal (crear la bolsa de financiamiento por ley estatutaria), para evitar el ingreso de especialistas extranjeros al país que homologan sus títulos sin mayores requisitos.

Establecer políticas para la contratación del personal médico, que contemplen eliminar la intermediación de las EPS, cooperativas y cajas de compensación que han precarizado el empleo que genera el sector. Es necesario el aumento de los salarios del personal de salud con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Se trata de reducir al máximo el número de contratos de prestación de servicios del personal médico, para procurar una vinculación laboral estable, con mejores salarios y con todas las prestaciones sociales.

Recuperar la red pública hospitalaria y orientarla a la prevención. Aumentar el número de hospitales y centros de atención en salud y, por tanto, la cantidad de camas de servicios general y especializado.

GUSTAVO PETRO

RODOLFO HERNANDEZ

Prohibiría la exploración de reservas de petróleo no convencional. Detendría, pues, los estudios piloto de fracking y el desarrollo de instalaciones petrolíferas en alta mar.

Dejaría de conceder nuevas licencias de exploración de petróleo (que representa casi la mitad de las exportaciones y cerca del 10% de la renta nacional).

Se impulsará la sustitución de las plantas termoeléctricas por sistemas de almacenamiento o fuentes renovables y se fortalecerá el rol del estado en el despacho de energía eléctrica, con el fin de garantizar la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico del país asociados a la variabilidad y el cambio climático.

Prohibiría los proyectos de minería a cielo abierto.

Si bien ha sostenido que respetaría a cabalidad todos los compromisos contractuales adquiridos por el Estado, también ha afirmado que todas las titulaciones mineras entrarían a revisión.

No se construirían más presas hidroeléctricas.

La extracción de las actuales reservas de combustibles fósiles se destinarían al consumo interno bajo “criterios sociales”.

Se endurecerían las regulaciones ambientales, laborales y fiscales de los actuales proyectos mineros.

Implementaría una planeación de largo plazo para realizar la transición energética sin afectar la economía. Considera que en el corto plazo no es posible realizarla responsablemente.

Crear un programa específico de generación de energía limpia con un serio análisis de suelo, presupuesto, planos y cronograma.

Estaría interesado en la exploración de combustibles fósiles con el fin de incrementar las reservas de petróleo y gas en el 2030.

Reformaría el Sistema General de Regalías para mejorar y aumentar la inversión de recursos en las regiones.

Adoptar, de manera inmediata, las buenas prácticas normativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y reestructurar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para que sea un organismo más ágil.

Ampliar el proceso de electrificación rural y gasificación masiva, a fin de conectar con energía eléctrica y gas natural al menos el 50 % de los hogares que hoy no disfrutan de esos servicios.

Implementar un análisis de costos de producción. No se tolerará grado alguno de desfalco o robo en las instituciones nacionales de este renglón tan importante de nuestra economía. No permitiremos nuevos escándalos como el de REFICAR.

GUSTAVO PETRO

RODOLFO HERNANDEZ

Se fortalecerán los procesos de investigación y juzgamiento de la justicia penal militar en perspectiva de la superación de la impunidad y colaboración con la justicia ordinaria y la transicional. Se impulsará la eliminación del fuero penal militar.

El redimensionamiento de la Policía Nacional conforme al mandato constitucional implica que sea reubicada bajo el Ministerio de Interior o de Justicia (Alemania y EE.UU., son ejemplo de ello). Nuestra prioridad será recuperar, a nivel institucional y operativo, el carácter civil del cuerpo policial y de acuerdo con ello, redefinir sus funciones y prioridades, que incluyen el desmonte del ESMAD y el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos.

La reestructuración de la Policía Nacional debe contar con una amplia participación ciudadana que recoja tanto las experiencias como las propuestas, las particularidades de los territorios y la manera de enfrentar la corrupción al interior de la institución con un alto componente de veeduría ciudadana permanente en todas y cada una de sus actuaciones.

Reforma a la justicia que tenga como pilares: la independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción, acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para solución de conflictos. El mecanismo de elección del fiscal general igualmente debe estar basado en los méritos y la total independencia del gobierno de turno.

Reforma a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, respetando el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes, para lo cual deben eliminarse la duplicidad de funciones, las grandes, ineficientes y costosas nóminas nacionales y territoriales.

Se crearán cárceles restaurativas municipales y promoverán sanciones pedagógicas restaurativas en los Centros de Atención Especial (CAE) para adolescentes.

Consolidar la carrera administrativa y eliminar la contratación precaria para garantizar continuidad y compromiso de los equipos de trabajo. Se suprimirán las nóminas paralelas.

Eliminar la tercerización y la intermediación privadas en los aspectos administrativos, técnicos y financieros en tareas esenciales del Estado.

Se propone reformar el sistema de elección del congreso, pero no se especifica claramente cómo.

Se propone la creación del Tribunal Electoral que garantice la total independencia de las demás ramas del poder.

Generar ingresos dentro de la población, desde la perspectiva de que la manera de acabar con la inseguridad -en su componente estructural- se basa en que los ciudadanos tengan una fuente de recursos fija, con la cual puedan construir bienestar para sus familias y para sí mismos.

Alcanzar la meta de “cero impunidad” para personas que generan la inseguridad, entre ellos, los políticos corruptos que hacen más lejanas la seguridad social y las necesidades básicas satisfechas, en el sentido -ya expuesto- de que la politiquería es generadora directa de violencia por la desatención de las necesidades ciudadanas.

Reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y mejorar la infraestructura carcelaria del país.

La ‘Ciudad Resocializadora’ será la apuesta para cambiar el concepto de las cárceles y se implementará su creación como un verdadero proceso de optimización de recursos y resocialización de los penados.

Asegurar el bienestar del personal de las Fuerzas Armadas en todos sus ámbitos, incluidas sus garantías jurídicas. Se revisará el sistema de ascenso para permitirle al uniformado raso aspirar a posiciones que hoy le son negadas en la carrera militar. Los sueldos y las prestaciones serán mejorados; para ello, hay que recortar los gastos ineficientes, por ejemplo, el que cubre a personal ejecutivo y a prestadores de servicio externo con algunos beneficios pensados para compensar la ardua labor del combatiente.

Modernizar el equipo militar, en primer lugar, a través del impulso a la investigación, la innovación y el desarrollo de proyectos tecnológicos nacionales en procura de minimizar la dependencia de terceros países. Los miembros de las fuerzas militares estarán cobijados para acceder a la educación formal en todos los niveles y serán incluidos en los convenios de generación de patentes.

Garantizar el respeto por sus competencias a las Fuerzas Armadas para que cumplan adecuadamente con su función constitucional y mantener el orden a lo largo del territorio colombiano, áreas marinas y espacios aéreos. Igualmente, el mantenimiento de la soberanía, la integridad y preservación del territorio, la riqueza de nuestros recursos y riquezas.

Asegurar la protección de la ciudadanía en poblaciones fronterizas, la preservación de la soberanía nacional y controlar el delito transnacional con énfasis en el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

Impulsar el desarrollo de operaciones conjuntas. Esto deberá estar acompañado de una participación integral entre las agencias del Estado, que haga sostenibles los éxitos militares, muchos de los cuales han sido logrados por esa vía.

Revisar y depurar la Policía Nacional de manera que recupere la confianza ciudadana y se minimicen los abusos de autoridad. Los miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones a derechos humanos serán retirados. El derecho a la protesta será protegido de cualquier violación del Estado.

Establecer que toda la contratación debe aplicar mecanismos como el SECOP II, y que todos los sectores implementen los Pliegos Tipo.