CONSULTA INDIVIDUAL DE PROPIETARIOS:
No es un misterio que con la expedición de la Resolución 450 del 20 de enero de 2017, por medio de la cual la Superintendencia de Notariado y Registro ajustó las tarifas por concepto de la función registral, se aumentó el costo de los trámites que día a día se realizan ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país.
Un claro ejemplo de ello es lo concerniente a las tarifas diferenciales relacionadas con las consultas de propietarios de inmuebles, que si bien se han venido atendiendo de manera presencial en las diferentes oficinas del país, con las mejoras tecnológicas que se vienen implementado por la Superintendencia de Notariado y Registro, y lo dispuesto en el artículo 13 de la citada Resolución, ahora aparentemente sólo se podrán realizar a través del portal de internet de la misma.
En este sentido vale la pena anotar que la tarifa o costo por este servicio aumentó de manera desproporcionada para la vigencia 2017, en contraste con la tarifa que se venía cobrando para el año 2016 y anteriores. Puntualmente, la tarifa para 2017 es de $10.000 por cada consulta, cuando para el 2016[1] el costo era apenas de $1.200 pesos si la consulta se hacía presencial y de $1.100 pesos si la constancia era expedida por medios electrónicos[2], es decir, la variación de los precios es del 733%.
Para entender la magnitud del problema que genera el alza en la tarifa, se debe tener en cuenta que actualmente cualquier persona puede identificar el folio de matrícula de un inmueble o los inmuebles de propiedad de determinada persona, a través del servicio de consulta, con las siguientes alternativas: consultando por nombre de quien se cree es el propietario; consultando por dirección del inmueble; o consultando por número de identificación, ya sea cédula de ciudadanía, NIT o pasaporte.
En suma, una consulta que agotara las tres alternativas antes mencionadas para el año 2016 tenía un costo de $3.600, mientras que ahora la misma consulta tiene un costo de $30.000, lo cual claramente pone una barrera económica para acceder al servicio, pues adicional a este costo, después de obtener el número de folio de matrícula como resultado de la consulta, se debe solicitar el certificado de tradición correspondiente que tiene un costo de $15.700. Esto siempre y cuando el folio de matrícula no sea de aquellos que corresponden a un predio de mayor extensión o para adelantar procesos de pertenencia, cuyo costo es de $34.000 cada uno.
Es innegable la importancia y utilidad de poder acceder al servicio de consulta de propietarios para procesos de pertenencia, procesos ejecutivos, estudios de títulos(por mencionar sólo algunos), más cuando para realizar dicha consulta no se requiere acudir a las Oficinas de Registro, sino que se pueda realizar desde cualquier computador.
Lo anterior lleva a concluir que es un servicio útil pero muy costoso, y que debido a su alta demanda va a generar cuantiosos ingresos a la Superintendencia de Notariado y Registro a costa de los usuarios que, por la necesidad de información, tendrán que asumir el pago sin reparos, quedando en el ambiente una sensación de inequidad y falta de proporcionalidad si se tiene en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor para el año 2016 fue apenas del 5.75%. Habrá que esperar si la Superintendencia reconsidera esta y otras tarifas que se incrementaron con la Resolución 450 de 2017.
[1] Resolución No. 727 del 29 de enero de 2016 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro.
[2] Cabe aclarar que este servicio sólo está disponible a partir del mes de febrero de 2017.
Wilson Camilo Cantor Pulido
Abogado de la Universidad Santo Tomás. Especialista en Derecho Comercial y de los Negocios, actualmente está cursando la especialización de Derecho Urbanístico en la Pontificia Universidad Javeriana. Camilo Cantor cuenta con más de 8 años de experiencia profesional, y es Asociado del área de Derecho Inmobiliario de Goméz-Pinzón Zuleta Abogados, asimismo ha sido parte del área de Resolución de Conflictos & Protección de Inversiones de la misma firma.
Como miembro de la Firma, Camilo ha participado en más de veinte (20) procesos de debida diligencia- due diligence en las áreas de derecho inmobiliario y resolución de conflictos.
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