¿DE QUÉ ESTAMOS REALMENTE CANSADOS LA MAYORÍA DE LOS COLOMBIANOS?

¿DE QUÉ ESTAMOS REALMENTE CANSADOS LA MAYORÍA DE LOS COLOMBIANOS?

¿DE QUÉ ESTAMOS REALMENTE CANSADOS LA MAYORÍA DE LOS COLOMBIANOS?

 

Por: Ing. Abdón Sánchez Castillo -Master of Business Administration (MBA) Universidad de los Andes. 

 

Es frecuente escuchar a mucha gente quejarse de lo mal que estamos en Colombia, seguramente por las vivencias particulares y el medio en que cada uno se desenvuelve, además de las noticias que circulan por los medios y las redes sociales, algunas reales y la mayoría fake news.  También llama la atención el resultado de la última encuesta divulgada el 29 de mayo de 2021 (Centro Nacional de Consultoría (CNC), divulgada por Noticentro 1 CM&), que muestran que una gran mayoría (75%) apoya las manifestaciones pacíficas, pero no está de acuerdo con el vandalismo y los bloqueos (79%).

 

En otra interesante encuesta que se enfocó en los jóvenes (18 a 32 años), realizada por El Tiempo, La Universidad del Rosario, y Cifras y Conceptos, muestran que a este grupo de la población les molesta especialmente: La falta de empleo, pobreza, hechos de corrupción, demoras atención en salud, inseguridad, desigualdad y falta de acceso a la educación superior.

 

El factor común en estas encuestas es la pérdida generalizada de confianza de los jóvenes en las instituciones del estado e incluso en los medios de comunicación. No creen en nada ni en nadie, es decir, desconfianza total.

Figura 1. Resultados encuesta 29 de mayo 2021.

 

No solo los jóvenes, la mayoría de los colombianos estamos hastiados de la corrupción y la doble moral, eso se percibe en cada persona con la que nos comunicamos, definitivamente los servidores públicos en general deberían hacer algo para recuperar la confianza no solo de los jóvenes sino de toda la sociedad colombiana, que parece haber llegado al límite de tolerancia.

 

Según cuenta la historia de la antigua Roma, el famoso escándalo de la Bona Dea, se originó por la supuesta intromisión del patricio Publio Clodio Pulcro en la casa de la esposa de César, Pompeya, durante las fiestas de la Dona Dea, en cuya celebración anual estaba totalmente prohibida la presencia masculina, no obstante, Clodio se pudo infiltrar disfrazado de mujer, para supuestamente seducir a Pompeya. Pese a que Clodio fue dejado en libertad por falta de pruebas, César se separó de Pompeya, naciendo aquel refrán que reza: “la esposa del Cesar no solo deber ser honesta sino parecerlo”.

 

Los servidores públicos deberían aplicar este refrán, ya que alguien que no cuente con la confianza del pueblo debería renunciar por iniciativa propia, para dejar que alguien quizá lo pueda hacer mejor y además cuente con la aprobación necesaria para hacer una buena labor, pero eso es pedir demasiado, porque requeriría políticos con altas dosis de ética, moral y honor, los cuales brillan por su ausencia en nuestro país. No es entendible como la ética y la moral son valores que tienen tan poca valía en nuestra sociedad actual, debemos volver a aquellos tiempos, los de nuestros abuelos, cuando la palabra dada, el honor y la ética eran los valores más importantes que distinguían a un ser humano.

 

La falta de coherencia, ética, honor y moral en muchos de nuestros políticos, senadores, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos en general es algo que salta a la vista, tan solo basta con mirar sus declaraciones o leer sus tweets para detectarlo. Intentan distorsionar la realidad para validad sus creencias, palabras o acciones con las que buscan sus objetivos personales y partidistas, sin importa quién resulte afectado o incluso muerto por estas. Para ilustrar el tema, traemos a colación un solo ejemplo que evidencia todos los pecados mencionados: Algunos políticos que se autoproclaman defensores a ultranza de los derechos humanos, pero en sus tweets y declaraciones públicas alentaron e insuflaron las manifestaciones públicas, pese a que la Organización Mundial de Salud (OMS),  el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca habían advertido el peligro mortal que significaba congregarse en estos momentos.

 

Cuando hablamos de políticos, incluimos a los dirigentes sindicales promotores del paro, quienes han manifestado tener objetivos políticos en su movilizaciones y actividades.

 

No se necesita ser epidemiólogo, médico o científico para entender que el SARS-CoV-2 no respeta ideologías políticas y que sea cual sea el motivo de la reunión no tendrá problemas en contagiar a quién dé la oportunidad. Producto de la experiencia vivida en nuestras familias y amigos cercanos; la mayoría de ciudadanos del común hemos podido comprobar que las personas conocidas que se contagian no requieren mayor exposición, una simple conversación sin tapabocas, o una visita al supermercado es suficiente.

Figura 2. Infectados SARS-CoV-2 en Colombia por Fecha de Inicio de Síntomas

 

En la figura 2, se muestra el número de infectados de COVID19 por fecha de inicio de síntomas. No es coincidencia que el incremento en el llamado tercer pico (que desde el punto de vista de fecha de inicio de síntomas realmente es el quinto) arrancara su ascenso los primeros días de mayo, y el paro nacional y las movilizaciones empezaron el 28 de abril de 2021, precisamente 5 días antes. La evidencia es tan contundente, que pretender ignorarla, como lo han intentado algunos, es sencillamente absurdo.

 

¿Dónde está la conciencia social?, ¿Dónde está la coherencia entre pensamiento y acción de los políticos que incentivan a marchar a los jóvenes, con pleno conocimiento de las consecuencias que esto tendría?, ¿Dónde está la ética, honradez y moral de estos políticos al defender vehementemente los derechos humanos, pero por otro lado propiciar la muerte de miles de personas a manos del SARS-CoV-2 debido al súper contagio disparado por las aglomeraciones de las manifestaciones, cuando inexorablemente los jóvenes llevaron el virus a sus casas para infectar a sus familias, donde gracias a las cuarentenas hasta ese momento se había logrado mantener a raya dicha plaga?  

 

Hicimos un cálculo aproximado de cuantos fallecimientos de más puede haber causado el paro y sus movilizaciones, el cual podemos observar en la figura 3. La proyección de fallecidos sin paro Nacional, se hizo siguiendo el comportamiento histórico de los dos anteriores picos de fallecidos diarios, el primero ocurrido el 8 de agosto de 2020 y el segundo el 21 de enero de 2021, tal como se dibuja en la línea naranja, con un descenso diario del 3%, hasta llegar a aproximadamente 100 fallecidos diarios, el cual corresponde al nivel mínimo de los anteriores picos.

Figura 3. Cantidad fallecidos por día en Colombia por SARS-CoV-2

La diferencia entre el histórico real y esta proyección es de 7 mil fallecidos hasta el 15 de junio de 2021. Hicimos la proyección futura de fallecidos, asumiendo una disminución similar al anterior pico, con lo cual tendríamos entre el 15 de junio y el 24 de julio 2021, aproximadamente 15 mil muertes adicionales, de los cuales aproximadamente 10,000 serían a causa de las aglomeraciones del paro, para un gran total de 17 mil muertes por esta causa.

 

Podemos concluir que 17 mil muertes estarán en las conciencias de aquellos que dirigieron las movilizaciones, y quienes pecaron por acción u omisión al permitir semejante exabrupto. Un ser humano coherente, ético y moral no permitiría bajo ninguna circunstancia que 17 mil personas corrieran el riesgo de morir, para favorecer una aspiración personal o partidista de ganar unas elecciones en el 2022. ¿Será que una candidatura a la presidencia o al Senado, sin garantía de éxito, puede valer más que 17 mil vidas humanas? Ese tipo de conductas, graves por demás, caracterizan nuestra penosa doble moral, y nos mantienen anclados en el subdesarrollo. Es una prueba más del egoísmo extremo que caracteriza a nuestros políticos y nuestra sociedad en general, a quienes parece importarnos muy poco la suerte de los demás. Precisamente de eso se trata la ética y la moral, no sobreponer nuestros intereses a los intereses de la mayoría, así creamos tener un objetivo superior que lo justifique.

 

Ese el tipo de cosas que los colombianos no debemos pasar por alto sin señalar y exigir a los responsables que paguen por eso, no podemos permitir que la impunidad siga campeando en este país, donde parece que todo se vale, el crimen sí paga y las leyes y decretos no se cumplen.  A continuación, veremos los decretos y leyes presuntamente violados por las personas que organizaron y participaron en las manifestaciones.

 

Recordemos el artículo 7 del Decreto 206 del 26 de febrero de 2021, expedido por el ministerio del interior, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura:

 

“Artículo 7. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio nacional, se podrá habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:

 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el ministerio de Salud y Protección Social.”

 

Recordemos la definición de aglomeración, según el artículo 1 de la Resolución 1003 de 2020 del Ministerio de Salud y protección social: “Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar distanciamiento físico de dos (2) metros, cómo mínimo, entre persona y persona. También se considera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte e impida dicho distanciamiento”. 

 

En el artículo 4 del Decreto 580 de 2021 expedido por el Ministerio del Interior el 31 de mayo de 2021 se prohíben las aglomeraciones en municipios con UCIS con ocupación superior al 85%.

 

No existen protocolos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social que puedan garantizar la bioseguridad en una manifestación donde concurren cientos de personas, y menos garantizar dos (2) metros de distanciamiento, solo basta ver cualquiera de los videos de las marchas realizadas, donde miles de personas estaban compartiendo espacios mínimos, entrando claramente en la definición de aglomeración. Si las manifestaciones no son aglomeraciones, no se qué más pueda serlo, es evidente y no necesita mayor análisis.

 

La honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-045 de 1996, manifestó que los derechos fundamentales no son absolutos, es decir, no hay derechos ni libertades absolutos. Esta interpretación de la Corte, obviamente incluye las marchas pacíficas, ya que, si estas ponen en peligro la seguridad de la población, debido al riesgo de propagación del COVID-19, pueden prohibirse, regularse o limitarse, tal como lo están haciendo dichos decretos. Los decretos ya mencionados, establecen que el incumplimiento de estas disposiciones sanitarias acarrea la aplicación del artículo 368 del Código Penal que dice:

 

Articulo 368. Violación de medidas sanitarias. El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

 

Es preocupante la presunta violación del artículo 368 del Código Penal por parte de los organizadores de las manifestaciones pacíficas y no pacíficas, y personas que participaron directamente en estas, ya que posiblemente incumplieron los artículos 7 y 4 de los Decretos 206 y 580 de 2021, con las funestas y graves consecuencias de dicho comportamiento: La probable muerte de más de 17 mil personas.

 

Conclusión, para algunos políticos y dirigentes el hecho de apoyar una manifestación pacífica, en medio de una de las peores pandemias por la que ha atravesado la humanidad en toda su historia, lo cual pudo ocasionar la muerte de más de 17 mil personas adicionales, podrá ser catalogada por la historia como una falta grave de doble moral y de violación de los derechos humanos representados en las víctimas de esta enfermedad, que murieron al ser contagiadas directa o indirectamente por personas que apoyaron un paro organizado con fines netamente políticos.

 

Para las personas que organizaron y participaron en las movilizaciones, además de los aspectos morales y éticos ya mencionados, también podrían recaerle responsabilidades penales, por presuntamente haber violado el Código Penal en su artículo 368, al organizar y participar en movilizaciones que presuntamente llevaron al incumplimiento de los artículos 7 y 4 de los Decretos 206 y 580 de 2021, propiciando probablemente la muerte de más de 17 mil personas, debido al súper contagio de SARS-CoV-2, a cuenta de las multitudinarias movilizaciones, y pese a la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 27 de abril de 2021, representado por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, donde ordenó aplazar las protestas hasta que Colombia tuviese inmunidad de rebaño, orden que evidentemente fue incumplida y además criticada por mucha gente.  Tarde entenderemos que la magistrada Villamizar tenía toda la razón, no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista ético, moral y de salud pública; de haberle hecho caso, seguramente se hubiesen evitado miles de muertes de colombianos.

 

Al Ministerio de Salud y Protección Social le corresponde analizar el impacto real en muertes, ocasionadas directa e indirectamente por las movilizaciones del Paro Nacional, y además su contribución al colapso de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el país, lo cual seguramente permitió muertes evitables, por no tener disponibilidad suficiente de este valioso recurso en medio del peor pico de COVID19 visto hasta la fecha en Colombia. Por su parte, a nuestro Sistema judicial, le corresponde individualizar, investigar y procesar posibles responsables de conductas punibles violatorias del artículo 368 del Código Penal Colombiano, ya que las consecuencias en muertes están a la vista de todos y no pueden seguir siendo ignoradas como si no hubiese pasado nada.

 

Amanecerá y veremos lo que ocurre en este país del Sagrado Corazón de Jesús, donde parece que todo funciona al revés: Los derechos son sólo para quienes incumplen la ley y los deberes sólo para quienes la cumplen.

 

 

 

 

 

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