El modelo de cooperativas de vivienda en Uruguay, un modelo que podría extrapolarse en Colombia para disminuir porcentualmente el déficit habitacional cuantitativo.

El modelo de cooperativas de vivienda en Uruguay, un modelo que podría extrapolarse en Colombia para disminuir porcentualmente el déficit habitacional cuantitativo.

El modelo de cooperativas de vivienda en Uruguay, un modelo que podría extrapolarse en Colombia para disminuir porcentualmente el déficit habitacional cuantitativo.

 

El desarrollo del movimiento cooperativo de vivienda uruguayo se da a partir de la aprobación de la ley n.º 13728 de 1968 (“Ley Nacional de Vivienda”, LNV), que abría la posibilidad de otorgar financiamiento público para que grupos de familias con necesidades habitacionales pudieran resolverlas con su propio esfuerzo. Apenas un año después, una publicación oficial de la época señalaba que “de todos los conjuntos habitacionales realizados en el país en el año 1969, sea por organismos públicos o empresas privadas, las inversiones necesarias y, por tanto, las cuotas de amortizaciones más bajas, han sido obtenidas por las cooperativas”.

Cincuenta años más tarde, esa conclusión se ha seguido verificando: con mucha menos tecnología; sin o con poca experiencia; debiendo construir cada vez la capacidad empresarial, puesto que cada conjunto cooperativo es construido por una cooperativa distinta, estos grupos han demostrado una y otra vez, que pueden ser tanto o más eficientes que las poderosas empresas privadas y el Estado.

¿Cuáles son las bases del sistema? Sencillamente, unir los esfuerzos del Estado —que financia la construcción de las viviendas y supervisa y controla el proceso— con el de los propios interesados, que aportan una parte del financiamiento necesario, ya sea trabajando (cooperativas de ayuda mutua, CVAM), o ahorrando (cooperativas de ahorro previo, CVAP) y, además, realizan toda la gestión. A su vez, tanto las CVAM como las CVAP pueden ser de propiedad “colectiva” (usuarios; las viviendas son de la cooperativa y cada familia socia recibe una para su uso y goce) o individual, en régimen de propiedad horizontal.

El sistema requiere que los destinatarios se organicen como empresa, se capaciten para asumir las funciones a desempeñar durante la obra (en la construcción, pero también en la gestión) y que cuenten con un asesoramiento que les dé toda la información y el análisis de alternativas necesario para tomar decisiones correctas. Para ello las familias adoptan la forma jurídica cooperativa, con amplia tradición en la sociedad uruguaya y de la que además existían ejemplos exitosos, en el campo de la vivienda, en otras partes del mundo. Y la misma LNV crea los Institutos de Asistencia Técnica (IAT), “aquellos destinados a proporcionar al costo, servicios técnicos en los siguientes campos: jurídico, de educación cooperativa, financiero, económico, social, de proyecto y dirección de obras” (art. 171 de la Ley n.º 13728, reglamentado por el Art. 82 del Decreto 633/69).

Desde esta definición, y por la filosofía en que se apoyaba la creación de estos institutos, ya se afirmaba la importancia del trabajo interdisciplinario, confirmada luego por la experiencia como un relevante factor de éxito. La puesta en marcha del sistema cooperativo exigió un gran esfuerzo de adaptación: a las cooperativas, los cooperativistas, los técnicos asesores y al propio Estado, dado que se trataba de construir un modo de actuar totalmente nuevo. En la órbita estatal, debió crearse la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI) para conducir al sector y en particular cumplir las nuevas funciones de otorgar los créditos a las cooperativas, y posteriormente hacer el seguimiento de la gestión, mientras que otros organismos controlan el funcionamiento democrático de los grupos (cumplimiento de los estatutos, realización de asambleas y elecciones, seguimiento contable, etc.), garantía de su correcto desempeño.

Tras muchas vicisitudes (incluida la dictadura 1973-1985), el sistema cooperativo de vivienda comprende más de dos mil cooperativas, que nuclean a cerca de ochenta mil familias. Estos números podrían ser mucho mayores si el sistema no hubiera estado prácticamente interdicto casi quince años. Aun así, adquieren dimensión al considerar que el déficit habitacional uruguayo se calcula entre las cincuenta y ochenta mil viviendas.

El sistema además es sustentable, porque genera la promoción de nuevos grupos (a través de los IAT, las cooperativas matrices y sobre todo las federaciones), y porque los préstamos otorgados se retornan, reconstituyendo los fondos disponibles y posibilitando prestarlos a nuevos grupos. Pero también desde el enfoque urbano es indudable la capacidad de hacer ciudad que poseen las cooperativas. Siempre hay ejemplos más felices y menos felices, pero las realizaciones cooperativas, por su gestación pluridisciplinaria, por la intransferible participación de la gente, por los equipamientos que incorporan y por los valores que trasuntan y que se trasmiten al entorno, han realizado aportes urbanos indudables.

Las claves de la eficacia y sustentabilidad del sistema son: la organización cooperativa; la autogestión; el esfuerzo propio (ayuda mutua o ahorro); el régimen de tenencia (uso y goce); el financiamiento público; la existencia y papel de las federaciones, y el asesoramiento técnico.

Revisemos cada una, de manera individual:

 

La necesidad de autogestionar exige que el grupo se organice como una empresa que administrará recursos humanos y materiales muy complejos, pero constituida por gente en su mayoría sin experiencia previa en construcción ni en administración. Ello vuelve fundamental el asesoramiento técnico, pero también la estructura organizativa del grupo.

La cooperativa resulta el mejor vehículo para canalizar las potencialidades individuales y generar un entramado de apoyos mutuos: su propia estructura, la división de tareas, los reaseguros del funcionamiento democrático, fortalecen la capacidad de hacer del grupo, robustecida por la tradición cooperativa uruguaya y por la autogestión y, en su caso, la ayuda mutua.

La autogestión permite optimizar los recursos: es el propio grupo el que toma las decisiones (desde elegir sus técnicos, hasta el color de las pinturas), lo que refuerza la pertenencia y el compromiso del grupo con el proyecto. No es casual que otras experiencias de construcción de viviendas populares que utilizan ayuda mutua, pero sin autogestión, hayan tenido resultados sociales y económicos sensiblemente inferiores, y en el propio Uruguay hay ejemplos de ello.

El aporte propio cubre una parte de los costos (directos e indirectos), reduciendo las inversiones a realizar, los préstamos a otorgar y con ello las cuotas a pagar, permitiendo que accedan muchas más familias. Y, en el caso de las cooperativas de ayuda mutua, el estar los cooperativistas en la obra para trabajar, refuerza las posibilidades de gestión y los controles en el uso de los recursos, materiales y humanos.

Pero los significados de la ayuda mutua no acaban ahí: hay profundas repercusiones sociales en que las propias familias contribuyan a levantar las viviendas con sus manos, generando la cohesión del colectivo y creándose valores de solidaridad y el convencimiento de que el esfuerzo conjunto permite superar barreras que individualmente serían infranqueables.

Así muchos grupos, terminadas las viviendas, se plantean otros desafíos, dotando muchas veces no solo a su conjunto sino al barrio en que se inserta, de servicios de los que carecían: desde llevar el saneamiento a una zona que no lo tenía, hasta construir una escuela pública para atender las necesidades del grupo y del barrio.

Otra clave importante es la forma de tenencia de las viviendas. Una alta proporción de las cooperativas de vivienda uruguayas es de “usuarios” o de “hipoteca única”: la propiedad de las viviendas (y por tanto la responsabilidad de la deuda y del mantenimiento físico) es colectiva y no individual. Esto, que al principio no parecía corresponderse con la idiosincrasia de la gente, apegada al sueño de “su” casita propia, arraigó de tal manera que, cuando en la dictadura, el gobierno pretendió transformar todas las cooperativas de usuarios (de ayuda mutua y de ahorro previo) en propiedad individual, para socavar la capacidad de presión de las federaciones, FUCVAM resistió la medida y consiguió juntar en un histórico domingo de febrero de 1984, más de trescientas mil firmas de ciudadanos para oponerse a esa resolución. El movimiento cooperativo se hacía estandarte en ese momento de la lucha contra la dictadura, y eso explica el apoyo obtenido, pero en el comienzo de todo estaba la rebeldía de las familias, dispuestas a dar pelea para no perder su condición de usuarios.

La propiedad colectiva da un sentido de unidad al grupo que no tienen otros regímenes, como la propiedad común, la horizontal o el arrendamiento. Hay propiedad, pero al ser colectiva es, más que un dique separador, un elemento de unión, que ayuda a poner en valor otras cosas también colectivas, como los espacios comunes, esos grandes olvidados de los conjuntos habitacionales.

Al ser la cooperativa la propietaria, además, se evita la especulación con su venta al retirarse un socio, ya que este recibe exclusivamente sus partes sociales (lo pagado para amortizar el préstamo, más el valor económico de su ayuda mutua), que será lo mismo que deberá aportar el nuevo socio.

En cuanto a la importancia del financiamiento público, vale la pena decir que, construir una vivienda de sesenta metros cuadrados, con los servicios correspondientes e incluido el precio del suelo, cuesta en el Uruguay de hoy el equivalente de unos ochenta mil dólares, esto si la hace una cooperativa (incluyendo el aporte propio), pero una producida por la empresa privada puede resultar entre un 30-35% más.

El apoyo del Estado ha sido clave en el desarrollo del movimiento cooperativo. Sin préstamos, no se hubiera podido construir; sin un financiamiento adecuado en intereses y subsidios, no se hubiera podido pagar. Pero, además, la posibilidad de acceder a suelo con servicios, de propiedad pública (“Carteras de Tierras”), permitió a las cooperativas y otros programas estatales disponer de tierra de costo adecuado, venciendo así el primer y fundamental escollo.

En cuanto a la importancia de las federaciones, sin ellas el cooperativismo de vivienda no hubiera alcanzado el grado de desarrollo y la importancia social que tiene. Aun cuando se hubieran construido las mismas viviendas —algo impensable, porque por largos momentos el sistema se mantuvo casi solamente porque existían federaciones, particularmente FUCVAM— jamás hubieran jugado el mismo rol en la vida del país algunos cientos de cooperativas dispersas, que un movimiento cohesionado, homogéneo, consciente del objetivo de conquista de la vivienda, pero también de que los problemas no terminan ahí.

En todos estos años el movimiento ha pasado por diferentes etapas: momentos de lucha y de diálogo; de buena relación con las autoridades y de franco antagonismo, pero ha habido siempre un hilo conductor que lo ha guiado, con la habilidad y la visión de buscar articulaciones y acuerdos con otros grupos sociales, especialmente a nivel sindical y aún de grupos políticos (sobre todo en épocas de la dictadura), lo que le ha permitido, al tiempo de participar activamente en otras reivindicaciones sociales, contar a su turno con amplio apoyo a las suyas propias.

Finalmente, mencionar el asesoramiento técnico, tan importante que fue creado por la LNV junto con las cooperativas, y que, en caso de una rescisión de contrato con el equipo asesor, no se permite a la cooperativa continuar su proyecto hasta que contrate otro. Hay experiencias buenas y de las otras (a veces por la defectuosa formación de los técnicos), pero que aún en este caso no cuestionan su necesidad.

Ahora refiriéndonos a Colombia, debemos señalar que, más del 50% de las construcciones siguen siendo informales, es decir, son construidas sin las licencias y permisos adecuados, con materiales cuya calidad no es controlada y sin sistemas adecuados de supervisión en su construcción. Es por ello, que proponer el modelo cooperativo, como el que sigue Uruguay, sería una solución a parar la informalidad, a generar comunidad, participación ciudadana, y asociatividad, en busca de la vivienda digna y asequible.

Las cooperativas en Colombia se encuentran reguladas en la legislación nacional y se han enmarcado en principios fundamentales del Estado reflejado tanto en los objetivos constitucionales, así como leyes y decretos reglamentarios que han permitido la creación, coordinación, seguimiento del cooperativismo en el país. No obstante, esta normatividad, no se encuentra ajustada a los cambios constantes e innovadores que el sector demanda y no brinda una flexibilidad jurídica para lo cual en algunas ocasiones obstruyen el accionar del cooperativismo en la sociedad colombiana.

Los principios corporativos se encuentran explícitos en la Ley 454 de 1998, su artículo 4 señala lo siguiente: ...Principios de la Economía Solidaria. Son principios de la Economía Solidaria:

1. El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de producción.
2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.
4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.
6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.
7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva. 8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
8. Servicio a la comunidad.
9. Integración con otras organizaciones del mismo sector.
10. Promoción de la cultura ecológica.

De esta manera, la legislación nacional colombiana se encuentra sincronizada de manera amable con los principios rectores del cooperativismo y se presentan como base fundamental del que hacer del ecosistema como principios fundamentales de cualquier organización que cumpla con los requisitos, especialmente en lo reglado en la Ley 79 de 1988, artículos 76 al 83.

“Artículo 76. Las cooperativas de vivienda que tengan por objeto organizar y desarrollar conjuntos habitacionales de propiedad cooperativa, y en las cuales los asociados sean simultáneamente aportadores y usuarios del conjunto habitacional, podrán limitar la asociación al número de unidades de vivienda que contemple el programa”.

Con este breve esbozo, concluyo, que las bases están dadas y que lo que nos queda es revisar, analizar y entender los ejemplos que se vienen dando en el país desde hace mas de 50 años, de la mano de las cooperativas de vivienda y/o de las multiactivas que han sido las que han sacado adelante desde el sector solidario estos emprendimientos en favor de todos aquellos que necesitan vivienda digna.

Ajustar la ley, el momento histórico donde la participación ciudadana es un estandarte del Plan de Ordenamiento Territorial y de las políticas públicas de vivienda, generan la necesidad de ver el modelo de vivienda colaborativas como una actividad a la cual apoyar y/o seguir apoyando, dándole respaldo con tierras, financiación y subsidios, para que muchos colombianos en estado de vulnerabilidad puedan decir “Colombia es un país de propietarios”.

Compartir