EL SALARIO MÍNIMO COMO MECANISMO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDADES
EL SALARIO MÍNIMO COMO MECANISMO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDADES
Por: Ing. Abdón Sánchez Castillo -Master of Business Administration (MBA) Universidad de los Andes.
En nuestro país, durante las últimas dos décadas especialmente, se ha utilizado el salario Mínimo (SM) como mecanismo de reducción de la pobreza y las desigualdades, tal como se observa en la gráfica 1, fijándolo por encima de la inflación acumulada del año anterior. En su esquema básico, además, el SM pretende cumplir varias funciones importantes. En primer lugar, busca equilibrar condiciones en la relación de contratación entre empresarios y trabajadores, eliminando asimetrías de poder a favor de los primeros y protegiendo, en consecuencia, a los empleados en condiciones de negociación que podrían ser desfavorables. De esta forma, se cubre a los trabajadores contra el pago de salarios indebidamente bajos.
Gráfica 1. Índice de salario mínimo real
Aunque a menudo concebimos el sentido común como una brújula confiable, este puede ser también una fuente frecuente de errores y malentendidos. Un ejemplo histórico de esto se remonta a 1963, cuando el entonces presidente Guillermo León Valencia y el Congreso de la República, guiados por esta lógica aparentemente intuitiva, intentaron resolver el problema de los bajos salarios en el país. A través de la Ley 1 de 1963, decretaron un aumento promedio del 25% en los salarios. Sin embargo, como era previsible, los resultados fueron desastrosos: la inflación escaló también un 25%, anulando completamente el incremento en el poder adquisitivo de los trabajadores.
A partir de aquellos años, en Colombia, tanto centrales obreras como empresarios y gobierno aprendimos la lección: toda decisión macroeconómica trae consecuencias que en ocasiones desafían nuestro mal llamado sentido común, y no siempre son positivas, no obstante, al parecer esta lección se nos ha venido olvidando, y durante las últimas décadas hemos incrementado el SM por encima de la inflación.
Para entender la complejidad del tema en cuanto a salario Mínimo y sus impactos en el empleo formal, empleo informal, PIB, Recaudos de Impuestos, entre otros, les recomiendo leer el importante ensayo del Banco de la República publicado en septiembre de 2022 titulado: Efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia. El artículo se distingue por su claridad y su sólido respaldo en modelos econométricos serios, bien diseñados y validados, lo que garantiza la precisión y el rigor de sus conclusiones.
El estudio parte de que el incremento salarial debería corresponder exactamente al incremento de precios al consumidor (IPC) más el incremento en la productividad total de los factores (PTF) y que la diferencia, corresponde a la variación real del salario. Para el 2025 el gobierno decretó un incremento en el salario mínimo del 9,5% y 23,46% en el auxilio de transporte, lo cual significa un incremento nominal del 11,05%. Si partimos de las proyecciones del Banco de la República que sitúan la inflación para diciembre de 2024 en el 5,3%, y que, el PTF durante los últimos años ha sido negativa en Colombia, tendríamos un incremento real en el salario mínimo de aproximadamente el 4,2%.
Un aspecto llamativo de nuestra economía es su marcada diferencia respecto a otros países de la OCDE. En Colombia, a diferencia de la mayoría de estos países, un porcentaje significativo de la población, alrededor del 90%, percibe ingresos cercanos al salario mínimo. Esto contrasta con el promedio de los países de la OCDE, donde el salario mínimo equivale aproximadamente al 50% del salario promedio total.
Gráfico 2. Relación SM/Salario promedio
Las conclusiones del ensayo analizado sobre el impacto de los incrementos del salario mínimo por encima de la inflación no son alentadoras y pueden resumirse de la siguiente manera:
Empleo
En general, dichos efectos son negativos y no contribuyen al buen desempeño del mercado laboral. Los resultados muestran que el SM aumenta la destrucción del empleo, reduce la creación, aumenta los despidos, reduce la contratación e incrementa el churning (rotación laboral). Se observa un efecto negativo de las variaciones del SM sobre el cambio neto del empleo; concretamente, un incremento del 1 % en el SM real produce, en promedio, una reducción de 46.000 empleos por año durante el periodo analizado. De esos 100 pb de pérdida en los empleos, 40 pb corresponden a la destrucción de empleo y 60 pb a la reducción en la creación. Los aumentos reales del SM afectan las plantas de manera diferencial: los efectos tienden a ser mayores en los establecimientos más pequeños (20 empleados o menos) y los más jóvenes (menos de seis años). Entonces, de acuerdo a este modelo, el incremento real del SM para el 2025 del 4,2% significaría la reducción de 193,200 empleos.
Según los autores y el modelo de búsqueda (Pissarides, 1994 y 2000), los incrementos del SM podrían producir incrementos en las separaciones y en la destrucción del empleo, dado que algunos puestos de trabajo ocupados dejan de ser rentables. Producen también una menor contratación y creación de empleo, ocasionadas por el incremento en los costos de enganche, lo que finalmente se traduciría, sin ambigüedad en una reducción del nivel de empleo.
Inflación
Los resultados sugieren que un incremento del SM nominal en un 1 % incrementará la inflación mediana (sin algunos bienes y servicios regulados), acumulada entre enero y mayo, en un 0,16 %, es decir, 16 pb entre enero y mayo. El SM no parece tener efectos persistentes en las variaciones mensuales de los precios individuales. Es decir, para un 9,5% de incremento del SM en el 2025 correspondería una inflación de 1,52% entre enero y mayo del próximo año. Tal como se aprecia, los efectos del salario mínimo en la inflación son atenuados por otros factores, por lo menos eso muestran los resultados del estudio, no obstante, si el Banco de la República tiene una meta de inflación de largo plazo del 3%, con un incremento del 1,52% por cuenta del salario mínimo, solo por este efecto, estaríamos ocupando el 50% de la meta, dejando tan solo un 50% para las demás variables inflacionarias.
PIB y déficit total del Gobierno Nacional Central (GNC)
Según el ensayo del Banco de La República, el incremento del SM real en un 1 % conduce a una caída del 0,17% (-COP 1.922,2mm) en la producción. Es decir, la elasticidad del PIB al SM es de 0,17, resultados que, cualitativamente, coinciden con lo que advertían Echavarría (2013). Haciendo el ejercicio proporcional al 4,2%, el impacto en el PIB representaría una caída del 0,71%.
Por otra parte, las exportaciones caen en un 0,19 % si el SM está 1% por encima de la inflación, es decir, para un 4,2% se esperaría una caída del 0,8%.
Con base en un incremento del 3,25 % por encima de la inflación pasada y el cambio en la PTF. En este caso, los mayores efectos se presentan en los pagos totales, impulsados en lo fundamental por gastos de funcionamiento. El déficit total del GNC se incrementa en 0,14 pp, mientras que la deuda lo hace en 0,32 pp.
Desigualdad Coeficiente de Gini
De acuerdo a los resultados del ensayo mencionado, el efecto de largo plazo de mayor magnitud relativa es sobre la desigualdad en la distribución de los ingresos laborales de los asalariados que no cotizan a seguridad social. Un incremento del 1% en el SM respecto al salario medio reduce el coeficiente de Gini de este grupo de ocupados en 0,0020 unidades, es decir, una disminución del 0,529% en términos relativos. El segundo efecto relativo más alto se observa en el grupo de asalariados, equivalente a una reducción del 0,209 % en su coeficiente de Gini. El efecto estimado sobre todos los ocupados indica que un incremento del 1% respecto a los salarios medios aumenta la desigualdad en su distribución de ingresos laborales reales, equivalente a un incremento del 0,089 % en el coeficiente de Gini.
Se concluye en el ensayo que el SM no está contribuyendo a disminuir la desigualdad de los ocupados, aunque las variaciones en el coeficiente de Gini son heterogéneas entre los grupos considerados.
Conclusión
El análisis realizado permite concluir que la política de proyectar el salario mínimo por encima de la inflación del año anterior, como se ha implementado en los últimos años, no genera beneficios significativos ni para la economía ni para los trabajadores. Por el contrario, esta práctica parece tener efectos contraproducentes, probablemente debido al alto grado de informalidad que caracteriza al mercado laboral en nuestro país. Incrementos por encima de la inflación y de la Productividad Total de los Factores (PTF) tienden a impactar negativamente el empleo, fomentar la informalidad, reducir la producción y, en última instancia, disminuir los ingresos fiscales provenientes de empresas y trabajadores. Además, no se observa una mejora sustancial en la desigualdad, medida a través del coeficiente de Gini, lo que evidencia la limitada efectividad de esta política como herramienta para reducir disparidades económicas.
Para los años próximos valdría la pena seguir las recomendaciones de Arango y Flórez (2020a), estudio mencionado en el ensayo del Banco de la República, que propone lo siguiente:
Implementar un salario mínimo diferenciado por regiones, sugerida por estos autores, plantea dividir el país en cuatro grupos y aplicar la política durante un período de cinco años, desde el año t + 1 hasta t + 5.
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Grupo 1: Incluye las ciudades con las tasas de informalidad laboral más bajas. Estas recibirían un aumento completo del salario mínimo, determinado de manera centralizada y periódica por la Comisión Permanente de Coordinación de Salarios y Políticas Laborales. Según Arango y Flórez, este incremento anual debería ser igual a la meta de inflación de largo plazo (3 %) hasta que el salario mínimo en estas ciudades equivalga al 50 % del salario mediano, como es el promedio en los países de la OCDE.
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Grupo 2: Comprende ciudades con tasas de informalidad más altas que las del Grupo 1. En este caso, el ajuste salarial sería del 75 % del aumento establecido para el Grupo 1 durante el mismo período de cinco años.
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Grupo 3: Para las ciudades con informalidad aún mayor, el ajuste sería del 50 %.
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Grupo 4: Finalmente, para las ciudades con las tasas más altas de informalidad, el ajuste sería del 30 %.
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