Entre la espada y la pared la salud en Colombia

Entre la espada y la pared la salud en Colombia

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

LA SALUD EN COLOMBIA

 

 Por: Ing. Abdón Sánchez Castillo -Master of Business Administration (MBA) Universidad de los Andes.

Sin temor a equivocarme, las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), están pasando por sus peores momentos, desde que fueron creadas por la ley 100 en el año 1993. Se les vino encima dos amenazas graves y simultáneas:

1. Insuficiencia financiera, en la que los ingresos por Unidad de Pago por Captación (UPC) es inferior a los costos en que incurren estas entidades para atender sus afiliados.

2. Reforma a la salud que está en marcha en el congreso, impulsada por el gobierno, que significaría su extinción.

Según Juan Pablo Rueda Sánchez, el actual Presidente de Sanitas, una de las EPS más grandes y financieramente sólidas, hace tan solo dos años, el patrimonio de esta entidad se encontraba intacto, alcanzando la cifra de aproximadamente 415,500 millones de pesos. Este capital se había construido durante tres décadas de operaciones en Colombia. Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19, con sus consecuencias inmediatas y a largo plazo, resultó en la rápida disminución de estos recursos, desvaneciéndose como agua entre los dedos. Ver entrevista con Juan Pablo Rueda - www.portafolio.co.

Según las declaraciones de Rueda, el impacto del COVID-19 requirió una inversión de 900.000 millones de pesos para atender a los pacientes afectados por el virus. Sin embargo, el gobierno, a través del FOME, solamente reconoció 340.000 millones de pesos, dejando una deuda pendiente de 560.000 millones de pesos que tuvo que ser cubierta utilizando la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En el caso de SURA y COMPENSAR, quienes también expresaron sus preocupaciones en una carta dirigida al gobierno, es probable que hayan enfrentado desafíos similares relacionados con la insuficiencia financiera de la UPC y otros asuntos.

Las cuentas parecen estar muy claras, pero obviamente el gobierno tiene la obligación de revisarlas, aclararlas y sobretodo cubrir los faltantes que resulten de dicho balance.

Por otra parte, y no menos grave, es la reforma a la salud que está tramitándose en el Congreso, y que amenaza con transformar totalmente el actual sistema, con consecuencias que todavía nadie ha podido determinar con certeza, lo que añade un grado de incertidumbre adicional. La reforma, de ser aprobada, implicaría la transferencia de las responsabilidades de las actuales Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y sus sistemas de atención, que abarcan atención de urgencias, consulta externa, atención de enfermedades catastróficas y hospitalización, entre otros servicios, para dejarlos en manos del estado. Esto se llevaría a cabo a través de una entidad estatal de gran envergadura dedicada a la prestación de servicios de salud, respaldada por Centros de Atención Primaria Resolutiva (CAPIRIS), instituciones de salud estatales de carácter privado y mixto, además de redes de servicios y laboratorios tanto públicos como privados.

Parece que nadie conoce a ciencia ciertas cómo funcionaría este sistema propuesto y si es mejor o peor que el que tenemos, las referencias que se tienen son Cuba o Venezuela, lo cual no garantiza objetividad y seguridad, en los pasos a seguir, más bien todo lo contrario.  

En mi opinión sería peor, ya que, por regla general en Colombia, lo que se gestiona a través del estado y los municipios suele terminar en desastres, debido a las ineficiencias inherentes a la administración pública, y los intereses políticos que suelen intervenir en estos procesos, que son caldo de cultivo propicio para la corrupción, nepotismo, clientelismo, pago de favores políticos, etc. Sin duda, los únicos que ganarían con un sistema como el propuesto, sería la clase política, a costa de la salud de todos los colombianos, especialmente la clase media y baja, que no tienen otras opciones de salud, diferente al sistema general, es decir la gran mayoría de la población.

Esta incertidumbre, respecto al futuro del sistema de salud, según Rueda, también ha traído consecuencias negativas, ya que la gente ante los anuncios de problemas en las EPS o que se iban a acabar debido a la reforma, aumentó la frecuencia de utilización de los servicios médicos.

Según la solicitud de las tres EPS mencionadas, el problema más grave de todos, y que requiere intervención urgente del gobierno, es la necesidad de segmentación de la UPC, ya que, según ellos, esta debería tener diferentes valores, dependiendo de la edad de los afiliados y de el perfil epidemiológico que tienen sus afiliados, especialmente por lo que no incluye el PBS (Plan de Beneficios en Salud), y que debe ser cubierto por el sistema, razón por la cual la UPC actualmente reconocida es insuficiente para cubrir dichos sobrecostos.

Transferir el sistema de salud a manos del Estado podría no necesariamente resolver el problema, y de hecho, podría empeorarlo. Es posible que el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) siga siendo deficitario o incluso empeore, debido a las ineficiencias que a menudo se asocian con la gestión gubernamental y los políticos que la ejecutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

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