¿Es posible pensar que tiempos pasados han sido mejores en Colombia en cuanto a políticas públicas de vivienda?

¿Es posible pensar que tiempos pasados han sido mejores en Colombia en cuanto a políticas públicas de vivienda?

¿Es posible pensar que tiempos pasados han sido mejores en Colombia en cuanto a políticas públicas de vivienda?

 

 

Lidya Mabel Castillo Sanabria

Abogada/Master en Antropología urbana/

Doctoranda Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible URV

Haciendo un estudio de las políticas públicas en Colombia en los 100 años, es posible deducir que tiempos pasados han sido mejores, pero bueno es una conclusión que quiero que la haga cada lector al final de la columna.

Todo empieza, en el interés del gobierno colombiano era atender las necesidades habitacionales de los hogares, lo cual inicia en 1918, y obedece a la preocupación por los problemas críticos de salubridad de la población, especialmente los relacionados con la falta de acceso de los hogares a los servicios básicos de acueducto y alcantarillado. Se hicieron viviendas por parte de los empleadores – dueños de grandes industrias-, en muchas ocasiones cercanas a las fábricas, a fin de aliviar los largos trayectos que muchos debían hacer para cumplir con los horarios de trabajo, pero nunca se tuvo en cuenta el número de pobladores, las condiciones de vida y las costumbres que cada poblador traía.

Así las cosas, al Estado se le concentran todos los esfuerzos en la superación de las condiciones de calidad habitacional básicas (incluidos los servicios públicos), en el déficit cuantitativo y la formación de hogares, en la seguridad en la tenencia, en la cualificación de la ciudad construida, en el aporte al mejoramiento de la calidad de vida y en la lucha contra la pobreza, principalmente. Es pertinente señalar que la primera ley, con la cual el Estado colombiano evidencia su interés de atender los problemas habitacionales  es la Ley 46 de 1918, que establece, entre otras disposiciones, la obligación de los municipios de destinar una proporción de sus rentas hacia la construcción de viviendas higiénicas para la clase obrera o proletaria, se establece que la modalidad de tenencia que se debe aplicar es el arrendamiento, con un canon mensual y, pasado un tiempo, el traslado del dominio al locatario o adjudicatario (primera versión de lo que actualmente se conoce como arrendamiento con opción de compra o el leasing habitacional).

La década de 1920, y especialmente en la de 1930, el Estado empieza a intervenir conformando instituciones públicas en el ámbito de la vivienda rural, con el Banco Agrícola (al cual pertenecería después la Caja Agraria), y urbana, con el Banco Central Hipotecario (BCH en adelante) y el Instituto de Crédito Territorial (ICT en adelante) este último, enfocado hacia la construcción y financiación de la vivienda rural. Se avanza en la regulación del crédito para vivienda y se fomenta la constitución de bancos de materiales de construcción. En las ciudades se desarrollan los primeros barrios obreros modelo. Las nuevas normas avanzan también en precisar lo relativo al equipamiento urbano de los nuevos barrios. Desde 1942, el ICT incursiona de manera creciente en la vivienda urbana. Esta institución marcó la historia de la vivienda social en Colombia, pues perduró hasta el año 1991, cuando fue liquidada para dar paso al nuevo modelo de gestión pública. A este período de 1918 a 1942 se le conoce como la concepción higienista.

Según el patrón de las políticas públicas en vivienda aplicadas en América Latina, instituciones como el ICT y el BCH fueron promotores públicos de vivienda, antes que un canal de crédito especializado en vivienda. Correspondería a la etapa hoy llamada del “Estado constructor”, en la cual los gobiernos construían viviendas, otorgaban subsidios e implementaban una política financiera. El Instituto de Crédito Territorial (ICT) construyó 120 mil viviendas entre 1947 y 1991 y el Banco Central Hipotecario unas 14 040 viviendas entre 1930 y 1991. En ese momento, el Estado se encargaba de ofrecer de manera directa soluciones de vivienda empleando mecanismos de construcción que durante sus 80 años de historia incluyeron autoconstrucción con asesoría técnica, préstamos a propietarios de lotes, rehabilitación de áreas subnormales, programas de mejoramiento de barrios, construcción directa, entre otros. Durante cuatro décadas la política de vivienda urbana y de familias de escasos recursos recayó en estas dos instituciones.

En el período de transición que abarca los años 1965 a 1972 el enfoque institucional y la acción estatal en la política de vivienda se refuerza con la creación del Fondo Nacional de Ahorro (FNA) en 1968, entidad a la que se le asignó la función principal de operar la administración de las cesantías de los funcionarios del sector público colombiano y desarrollar directamente programas habitacionales y líneas de crédito hipotecario para esta población. En 1969 se crea el Consejo Superior de Vivienda y Desarrollo Urbano, como la instancia rectora de carácter no mandatorio de la política habitacional y urbana del país.

En este proceso se profundiza la preocupación por la capacidad de pago de los hogares de la población objeto de la política sectorial, para lo cual se formulan iniciativas de focalización y de implementación de subsidios indirectos a la oferta y la demanda, con el objetivo de apalancar su capacidad de pago. Esto se acompaña de la formulación de programas claramente diferenciados para hogares pobres −autoconstrucción−, con ingresos insuficientes −programas con subsidio−, vivienda no subsidiada y vivienda comercial, lo que se plasma en la legislación.

En los dos años finales de este período se formula plan nacional de desarrollo Las cuatro estrategias, que retoma las recomendaciones de Operación Colombia. Este programa director de la economía nacional y del sector habitacional implica el final del período institucional y el inicio del denominado Corporaciones de Ahorro y Vivienda, CAVS, 1972− 1990, el cual, aunque conserva elementos claves del modelo universal de gestión de la política de vivienda, se caracteriza por la intervención masiva del sector privado en la producción de vivienda y por la financiación a compradores −largo plazo− y productores −corto plazo−.

La construcción se reconoce también como generador masivo de empleo, con fuertes efectos de eslabonamiento con otros sectores y subsectores económicos, y con capacidad de financiarse con el ahorro (y preferiblemente el capital) nacional, sin requerimientos significativos de importación de tecnología. Es decir, se hace énfasis en que la vivienda puede operar como instrumento de política social y económica. De acuerdo con esta concepción, la política de vivienda debería trascender la atención concentrada en la superación del déficit de vivienda y considerarse un instrumento de desarrollo.

El período de las CAV concluye cuando el sistema UPAC se encuentra en la etapa de mayor vitalidad. Éste operaría durante los siguientes nueve años, hasta la crisis económica de 1999, desencadenada en buena parte por los problemas de cartera del sistema. El período de las CAV termina cuando el modelo de gestión pública del sector vivienda cambia radicalmente.

En la década de los años noventa, la vivienda de interés social en Colombia sufre unos cambios dramáticos: se liquida el ICT y posteriormente el BCH; el Estado se retira de la operación directa de variables fundamentales de la política sectorial, como la financiación y la producción de vivienda social; la responsabilidad de la implementación de la política de vivienda y del ordenamiento territorial se traslada a los municipios. Como balance final, el ICT agrega en 1990 un total de casi 700.000 soluciones de vivienda localizadas en más de 600 municipios del país. Sin embargo, el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda afectaba a casi un tercio de los hogares de Colombia. De esta forma termina la aplicación del modelo universal de gestión y la concepción de la política sectorial fundamentada en el Estado de Bienestar.

Entre 1990 y 2012, nos encontramos en el período denominado, la concepción de mercado y los subsidios a la demanda, en el cual se señalaba que, el Estado no debe suplantar ni competir con el sector privado en la producción de aquellos bienes y servicios donde éste puede ser más eficiente y se plantea que debe asumir fundamentalmente un papel facilitador: uno de los principios de este modelo es que las necesidades habitacionales se atienden en el mercado, por lo cual se desplaza al Estado de la producción y financiación de la vivienda social, dejando al sector privado la construcción de vivienda social.

Con la expedición de la Ley 3 de 1991, que implica el desmonte de las formas de intervención del Estado y la creación de un nuevo marco político en virtud del cual tiene lugar el surgimiento del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) y del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE), en sustitución del ICT, como la entidad responsable de la administración de la nueva política del SFV. Este cambio profundo que direcciona la atención de las necesidades habitacionales de los hogares hacia el mercado, se produce en un escenario paradójico: se promulga la Constitución Política de 1991, cuyo artículo 51 consagra el derecho de los colombianos a la vivienda digna.

Para el año 2012, se ofrece vivienda de interés social VIS y de interés prioritario VIP, por parte de las constructoras del país, en todas partes del territorio nacional, el cual se respalda de ayudas en formas de subsidios otorgadas por la nación, cubriendo así el cierre financiero completo. Se generan marcroproyectos de vivienda que cubre de una u otra forma las “necesidades” del momento en cuestiones de vivienda con viviendas tipo, se ofrecen las viviendas gratuitas, pero todos estos esfuerzos siguen dando números rojos en temas tanto de ofrecer vivienda nueva, como mejorar las viviendas usadas con deficiencias cualitativas.

Hoy la problemática termina siendo la misma de 1918, las viviendas no son suficientes las pocas que existen no cumplen con las normativas de salubridad, higiene etc. – en muchos de los casos, el déficit habitacional tanto cualitativo como cuantitativo es muy alto en comparación con otros países de la región, por ello, mi planteamiento va a volver a tiempos pasados, ¿porque acabar con modelos que venían siendo ejemplo de trabajo? ¿Que estaban dando resultados positivos en favor de la población?

Contar con una entidad como lo fue el Banco Central Hipotecario BCH, que les permita a sus ahorradores tener créditos hipotecarios blandos durante su existencia, -claro se tiene el Fondo Nacional del Ahorro FNA, pero no toda la población está afiliada-. Tener la supervisión del Instituto de Crédito Territorial ICT, con el propósito de poder tener en el mercado proyectos de vivienda de autoconstrucción, donde el mismo usuario propietario pueda aportar su mano de obra en su vivienda, y en el caso de poder realizarlo a través de la figura de vivienda colaborativa -cooperativas de vivienda-, no solo tener el aporte a su vivienda sino a la de sus vecinos de comunidad.

La vivienda saldría mas económica, sería pensada en las necesidades de la familia o de las personas que allí vivirían, se cubren gastos de construcción con la mano de obra, abaratando costes. El SENA, las facultades de arquitectura u otras instituciones, podrían capacitar en oficios varios a estos socios cooperativistas, a fin de que sean calificadas estas labores. Bajo estos conceptos migrantes, jóvenes, entre otros grupos vulnerables podrán contar con una vivienda en la cual vivir los próximos años.      

 

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