La alocución presidencial en Colombia: facultades y límites constitucionales

La alocución presidencial en Colombia: facultades y límites constitucionales

La alocución presidencial en Colombia: facultades y límites constitucionales

 

 

La alocución presidencial en Colombia es una herramienta de comunicación directa entre el jefe de Estado y la ciudadanía. Su importancia radica en la posibilidad de informar sobre asuntos de interés público, anunciar decisiones gubernamentales y abordar situaciones de emergencia. Sin embargo, esta facultad no es absoluta ni ilimitada. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido límites claros para evitar abusos en su uso y garantizar el respeto por derechos fundamentales como la libertad de expresión y la actividad económica.

El marco normativo de la alocución presidencial se encuentra en el artículo 32 de la Ley 182 de 1995, que faculta al Presidente para dirigirse a la nación a través de los medios de televisión. No obstante, la expresión "sin ninguna limitación" fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad C-1172 de 2001, al considerar que el ejercicio del poder público debe estar sujeto a controles en un Estado Social de Derecho. Esta decisión subrayó que ningún gobernante puede tener facultades absolutas, ya que la democracia exige límites constitucionales y legales en el ejercicio del poder.

Por su parte, el Consejo de Estado, en la sentencia del 12 de noviembre de 2014 (radicado 28.505), reafirmó que la facultad del Presidente para realizar alocuciones no es omnicomprensiva ni incondicional. Para que una alocución sea válida, debe cumplir cuatro condiciones esenciales: (i) ser personal, es decir, realizada directamente por el Presidente; (ii) tratar asuntos urgentes de interés público; (iii) ser necesaria para la participación ciudadana en la vida colectiva; y (iv) estar relacionada con sus funciones constitucionales. Además, se estableció que las alocuciones deben estar motivadas, es decir, justificadas en razones objetivas y fundadas en la protección de derechos fundamentales o el mantenimiento del orden público.

En este contexto, la decisión del Consejo de Estado también determinó que, si una alocución presidencial interrumpe la programación de los medios sin cumplir estos requisitos, puede ser declarada ilegal y generar indemnización a los operadores afectados. En un caso específico, el alto tribunal anuló una multa impuesta a un canal de televisión que no suspendió la transmisión de un evento deportivo para dar paso a una alocución presidencial, ya que la intervención del mandatario no estuvo debidamente motivada.

Adicionalmente, el Consejo Nacional Electoral reglamentó aspectos relacionados con la alocución presidencial en la Resolución CNE 3941 de 2019, dentro del marco del Estatuto de la Oposición. Según esta normatividad, la alocución constituye una interrupción obligatoria de la programación de los medios para permitir que el Presidente se dirija al país. No obstante, se recalca que su ejercicio debe ser compatible con las garantías del pluralismo informativo y el derecho a la información.

En cuanto a la regulación de los medios, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tiene la función de garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa en los contenidos audiovisuales. Sin embargo, no tiene competencia sobre el ejercicio de la facultad presidencial para realizar alocuciones. Su labor se centra en comunicar a los medios la decisión del Ejecutivo y vigilar que las transmisiones no vulneren derechos de los televidentes.

La garantía del pluralismo informativo es fundamental en un sistema democrático. La facultad presidencial de realizar alocuciones no debe convertirse en un instrumento de propaganda gubernamental o en una herramienta para afectar la actividad económica de los medios de comunicación. Por ello, el control constitucional y jurisprudencial resulta indispensable para equilibrar el derecho del Presidente a informar con los derechos de los ciudadanos y los principios democráticos.

En corolario, la alocución presidencial en Colombia es una herramienta válida y necesaria, pero su ejercicio está sujeto a límites constitucionales y legales. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido criterios claros para evitar abusos y garantizar el respeto por el Estado de derecho. En un país donde la comunicación gubernamental juega un papel clave en la opinión pública, es fundamental que las alocuciones presidenciales se realicen con transparencia, justificación y respeto por los principios democráticos.

 

POR: JAIR ANDREY BARRAGÁN

Abogado Editor E. Notinet

 

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