Los poderosos efectos de una autoevaluación de la gestión del riesgo de corrupción.
Los poderosos efectos de una autoevaluación de la gestión del riesgo de corrupción
Natalia Muriel Beltrán
Abogada de la Universidad del Rosario con Maestría en Derecho Internacional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.
Experta en derecho inmobiliario, comercial y de cumplimiento.
Socia de Prema Alianza Legal S.A.S.
Laura Carreño Caballero
Abogada de la Universidad del Rosario y Coach Ontológico Empresarial. Especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes.
Experta en derecho societario y comercial, en reorganizaciones empresariales, conflictos de intereses y modelos de gobierno corporativo.
Socia Gerente de Prema Alianza Legal S.A.S.
Las prácticas corruptas pueden presentarse en todos los niveles, sectores y países. Por esto, dentro del marco de la lucha contra la corrupción en Colombia, el Congreso de la República ha aprobado distintos acuerdos internacionales y ha expedido leyes que, entre otros, han reformado el Código Penal y han dictado normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas frente al soborno transnacional. Por su lado, el Gobierno colombiano ha adoptado criterios para establecer la obligatoriedad de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial aplicable a ciertas sociedades comerciales que, por la cuantía de sus ingresos o activos y de sus negocios o transacciones internacionales, deben gestionar el riesgo de corrupción. En este contexto, la autoevaluación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial puede ser una herramienta apropiada para que las sociedades que gestionan el riesgo de corrupción actualicen su sistema a partir de la detección y corrección de fallas y del mejoramiento de su estructura e implementación. Los efectos de esta autoevaluación son poderosos de cara a la efectividad del programa y, por su puesto, a la prevención de la corrupción.
De acuerdo con la guía de la Superintendencia de Sociedades, las buenas prácticas y los estándares internacionales, un Programa de Transparencia y Ética Empresarial debe mapear las operaciones y transacciones nacionales e internacionales de la empresa respectiva, los factores particulares del sector o industria, del país, de los productos, de las contrapartes, entre otros, con el fin de identificar, evaluar y analizar el riesgo de corrupción de manera específica. Este tipo de programas no deben ser diseñados de manera inerte sino contener un dinamismo tal que, además de funcionar de manera efectiva, permeen de forma definitiva la cultura empresarial para orientar el comportamiento de todos los vinculados a una compañía en particular.
La actualización de los sistemas de gestión de riesgos hace parte de su constante maduración y mejoramiento, permite que nuevas disposiciones normativas se incorporen a los elementos del programa, y contribuye a la identificación y tratamiento de nuevos riesgos, al establecimiento de controles que disminuyan el riesgo residual y a la corrección de errores que representan debilidades.
La OCDE desarrolló una herramienta de autovaloración de los procesos de evaluación del riesgo de corrupción, elaborada dentro del Proyecto Anticorrupción y de Integridad Empresarial para el Sudeste Asiático (SEACAB) y dirigida a pequeñas y medianas empresas. Esta herramienta comprende preguntas relacionadas con los factores de riesgo, el análisis de las interacciones con servidores públicos ante solicitudes de permisos, licencias, aprobaciones, entre otros, la evaluación de riesgos internos y externos, las contrapartes mapeadas, la frecuencia establecida para la actualización del sistema, entre otros.
Así, las empresas colombianas deberían actualizar sus Programas de Transparencia y Ética Empresarial con fundamento en, entre otros, los resultados de autoevaluaciones diseñadas a partir de los lineamientos consagrados en los estándares internacionales, en la Ley 1778 de 2016, en la Circular 100-000003 de 2016, en la Guía Práctica para Entender la Lucha Contra el Soborno Internacional en Colombia de 2018 y la Resolución 100-006261 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, entre otros. De esta forma, los efectos poderosos de implementar los resultados de las autoevaluaciones del sistema actual son la prevención efectiva de la corrupción empresarial, el mejoramiento de cada elemento del sistema y la contribución corporativa a la lucha contra este flagelo que afecta a los Estados, industrias y mercados.
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