Miner

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Con asomos de victoria, el Gobierno Nacional anunciaba la expedición de la licencia ambiental con la cual se iniciaría un “gran” proyecto petrolero en las inmediaciones del río caño cristales, ubicado en la serranía de la Macarena, cuyo nombre se debe a los colores de sus algas de distintas tonalidades, bañadas por aguas cristalinas que en su raudo paso las resaltan con su pureza, convirtiéndolo en deleite de propios y extraños.

La respuesta en redes sociales y medios de comunicación, registraban el inconformismo de quienes consideraban el inicio del fin de nuestro patrimonio natural, por lo contaminante de la actividad, así como por la utilización de grandes cantidades de agua que jamás podrán ser recuperadas, las vagas explicaciones por parte del Gobierno no satisfacen a nadie, al tiempo, los habitantes de la Macarena y su alcalde elevaban su voz de protesta, en idéntico sentido se pronunció la Gobernadora del Departamento del Meta, quien además solicitó la revocatoria de la licencia ambiental.

Presionados por diferentes sectores que se manifestaron en salvaguardia de los recursos naturales, el Gobierno sostenía como única defensa, que los procesos para su desarrollo eran limpios, mientras a la luz pública se conocía que la Agencia responsable (ANLA) aceptó que la exploración se haría con explosivos,  fue solo cuestión de días para que se diera el gran anuncio, “El Presidente ordena la suspensión de la Licencia”.

Mientras tanto, en otras latitudes, cientos de mineros que por siempre (ancestralmente) han devengado su sustento de la minería, en territorios reconocidos por su vocación minera, vienen desgastándose más, que por lo arduo de su trabajo, por los trámites y trabas que han tenido que sortear, sumémosle a la tragicomedia que para acceder a las instancias administrativas deben pagar por los servicios de abogados o tramitadores, como única opción para aspirar a un título minero, estos colombianos desprotegidos han tenido que lamentar las decisiones de los funcionarios que sentencian “su solicitud ha sido archivada”, por cuanto la autoridad concedente les exige una contabilidad formal, acreditar la antigüedad del desarrollo de su actividad minera con afiliaciones a la seguridad social  riesgo VI, haber declarado el pago de regalías mediante formatos desconocidos para ellos, como si en medio de esas olvidadas zonas, muchos de ellos aún analfabetas, pudieran tener la oportunidad de acceder a estos medios, los cuales tampoco son de fácil acceso a los de la ciudad.

Además de enfrentarse a lo anterior, y a sus necesidades, ha surgido el nuevo azote “la actividad minera ahora es criminal”, pareciera entonces, que en lugar de contar con un Gobierno al servicio de la sociedad, está al servicio de las multinacionales, para expulsar a cientos de mineros con el fin de hacerse a sus proyectos sin tener que lidiar con planes de inclusión social, ni concertación regional, la criminalización conlleva, a que aquellos que han devengado su sustento durante décadas sin lograr su formalización sean lanzados arbitrariamente de su territorio (minas) y sometidos por el Estado, incluso aquellos quienes tienen solicitudes de formalización y la legislación les permite explotar, son sometidos y registrados mediáticamente como integrantes de bandas criminales, cuando los jueces no encuentran mérito para iniciar procesos y son dejados en libertad, no se observa la presencia de medios de comunicación para los registros  y así restablecer algo de su dignidad.

Que pasa hoy en día, los mineros cansados deciden abandonar su periplo por las oficinas del Estado y dejar que se les siga mancillando en su honra, aumentando el desplazamiento hacia los grandes centros urbanos a engrosar los cinturones de miseria.

Aparecen los grandes interrogantes,

i). ¿Será que el Gobierno Nacional aspira a igualar las cifras de capturados por minería “ilegal”, a las de solicitudes de formalización rechazadas? 

ii). ¿Será entonces que esto es un Estado Social de Derecho, o no es más que la intención de entregar el país a los intereses de las multinacionales?

iv). En el caso de la Macarena ¿en donde está la intervención de la comunidad y las autoridades políticos administrativas, si el requisito para otorgar la licencia exige su participación y concertación?

Aparecen las soluciones, si la minería es generadora de delitos hasta el punto de convertirse en criminal, por qué razón el Gobierno Nacional no asume de manera directa la dirección y el liderazgo de su explotación al igual que en el sistema petrolero, mediante un proceso de contratación diferenciada, que permita la participacion activa de los diferentes actores, generando empleo, bienestar, salud, y desarrollo económico de las regiones, a cambio de utilizar a militares y policías en una persecución indiscriminada en su contra.

 

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