Participación ciudadana construyendo vivienda: una forma de construir ciudad y ejercer democracia.

Participación ciudadana construyendo vivienda: una forma de construir ciudad y ejercer democracia.

Participación ciudadana construyendo vivienda: una forma de construir ciudad y ejercer democracia.

 

El derecho a la ciudad implica necesariamente, reconocer al ciudadano la capacidad de participar en su construcción, su transformación y su gestión. Se afirma que “el derecho a la ciudad se caracteriza como un derecho democrático, que promueve la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del Gobierno nacional o local”. En este sentido, las ciudades son ámbitos idóneos para el desarrollo de fórmulas de democracia participativa.

Los instrumentos que han tratado de articular el derecho a la ciudad atribuyen a la participación ciudadana la condición de elemento estructural del mismo. Centrémonos en dos de esos documentos: la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad y la Carta Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad. Se trata, en ambos casos, de instrumentos de carácter político, indicativo, esto es, no normativos, cuya eficacia, por tanto, se hace depender de la incorporación de sus previsiones a las normas que aprueben las autoridades estatales, regionales y, especialmente, locales. Pero, en todo caso, constituyen referentes importantes para delimitar el contenido del derecho a la ciudad.

En primer lugar, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad incluye dentro de este derecho el de participar en la planificación y la gestión de la ciudad (art. I, apartado 1.3). De manera más precisa, la Carta establece que esa participación –que se considera una manifestación del ejercicio pleno de la ciudadanía y de la gestión democrática de la ciudad– puede desarrollarse mediante fórmulas indirectas y también directas, y que implica que los ciudadanos puedan intervenir en la elaboración, la definición, la implementación y la fiscalización de las políticas públicas y el presupuesto municipal de las ciudades (art. II, apartado 1.2), para lo cual, señala igualmente la Carta, las ciudades deben abrir cauces y espacios institucionalizados (art. III.1).

En cuanto a la Carta Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, ya al inicio del documento se reconoce, entre los valores y principios en los que se funda, la democracia y la participación ciudadana “como forma de gobierno de las ciudades”. En el texto articulado son constantes también las referencias a la participación y la colaboración ciudadana en la planificación y gestión de la ciudad.

Para que esa participación sea posible es necesario abrir nuevos cauces institucionales, alejados del exceso burocrático, que incentiven la implicación de los diversos sectores sociales –especialmente de los propios vecinos de la ciudad– en el cuidado y la revitalización de los espacios de uso público. Un nuevo paradigma colaborativo que facilite la puesta en común de medios y conocimientos por parte del sector institucional y del ciudadano, con la finalidad de generar y regenerar lugares que sirvan de soporte a una vida colectiva plena. De este modo, será posible configurar una geografía urbana en la que prime el valor de uso frente al valor de cambio.

Los principios que rigen la relación de colaboración entre la administración municipal y los ciudadanos, se refieren al principio de confianza mutua –ambas partes asumen que la cooperación se dirige a la consecución de fines de interés general–, el de transparencia y publicidad, el de responsabilidad – como condición para que la colaboración resulte efectivamente enfocada a la producción de resultados útiles–, el de inclusión –de modo que se permita a otros ciudadanos interesados participar en las actividades en cualquier momento–, el de sostenibilidad –la colaboración con los ciudadanos no debe provocar cargas superiores a los beneficios que aporta– y el de autonomía ciudadana –se garantiza la autonomía de las iniciativas y se trata de garantizar su efectivo ejercicio por todos los ciudadanos activos –.

Un modelo de vivienda que involucra participación ciudadana, democracia y autoconstrucción es la vivienda colaborativa.  El término de viviendas colaborativas es más amplio que el de cohousing, pues incluye ecovillages y otros tipos de promociones habitacionales muy relacionadas con el desarrollo sostenible. Otro término comúnmente utilizado es el de viviendas colectivas.

En un modelo de cohousing, más vida en común requiere lógicamente más espacios de relación y actividad, y por ello lo habitual es encontrar conjuntos residenciales con amplias zonas comunes e incluso con edificaciones completas destinadas al uso colectivo. Se basa en una organización comunitaria en la que un grupo de personas cooperan para acceder a viviendas de uso privado donde se comparten los espacios comunes o comunitarios, equipamientos y servicios, así como los gastos de inversión y mantenimiento. El modelo es flexible, lo que permite adaptarlo a las necesidades de cada comunidad, y presenta ciertas variantes en función del país en el que se desarrolla y de las características propias del sector poblacional al que va dirigido.

Las personas que viven en proyectos de vivienda colaborativas son tan variadas como en cualquier otro esquema de vivienda. Sin embargo, muchos de ellos tienen un interés más pronunciado en la interacción social y el apoyo mutuo, y con frecuencia son personas con una fuerte perspectiva personal y espíritu comunitario que buscan un mejor nivel y calidad de vida. Además, muchos residentes también se sienten atraídos por el menor coste de la vivienda, la posibilidad de una mayor accesibilidad, la idea de sostenibilidad ecológica o inclusión social.

La mayoría de proyectos basados en el modelo de vivienda colaborativa parten de unos principios fundamentales que los caracterizan: -Diseño participativo. - Espacios de uso común y la unidad de vivienda. - Flexibilidad, adaptabilidad o infraestructura open building. -Sostenibilidad y eficiencia energética a través del aprovechamiento y gestión responsable de los recursos. -Cooperación, autogestión y sentido de comunidad, autogestión.

El modelo se articula sobre principios de cooperación voluntaria y que hace referencia a un tipo de viviendas en las cuales los residentes intervienen de forma activa en el diseño y la gestión de la vida cotidiana, lo que les permite definir el proyecto según sus necesidades específicas reales, para compartir algunas o muchas de las actividades vitales, desde las más básicas como la gestión de la comunidad, la limpieza o el ocio, hasta la cocina, el cuidado de los niños, la jardinería, etc.

El diseño participativo identifica edificios hechos a medida para los usuarios, sin condicionamientos de los estándares del mercado, atendiendo las necesidades, el número de integrantes, entre muchos otros factores a tener en cuenta. La participación en la construcción de la obra, además, puede suponer un importante ahorro en el coste de la vivienda. Es importante mencionar, que como en el caso de Uruguay, normalmente, los usuarios no solo construyen sus propias viviendas, sino que ayudan a gestionar las de sus vecinos, y compañeros de comunidad, de la misma forma, que lo hacen con los espacios comunes.

Los espacios de uso común constituyen los elementos más significativos de las viviendas colaborativas, elementos que fomentan el encuentro entre los usuarios por medio de un diseño intencional para el desarrollo de la vida comunitaria.

La financiación de modelos de vivienda colaborativa puede diferenciarse entre las que son exclusivamente privadas y aquellas en las que la Administración local participa, a través de la cesión de uso del suelo público o de edificios sin uso. Existen colectivos con intereses comunes que se agrupan formando cooperativas de viviendas con la finalidad de impulsar el proyecto de vivienda colaborativa desde cero, buscando un diseño intencionado según sus necesidades y aplicando conceptos como los de arquitectura participativa en el proceso de diseño y construcción. Las cooperativas de vivienda tienen como objetivo facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible

El modelo de vivienda cooperativa es una oportunidad para la rehabilitación del parque edificado que se encuentra en un estado de conservación deficiente, así como para la regeneración y renovación del tejido urbano existente, lo que favorece la cohesión social del territorio. Hay incluso cooperativas que nacen para detener la demolición o la degradación de edificios y barrios. De la misma forma que se ha usado la movilidad cooperativa de forma efectiva para recuperar cascos urbanos antiguos, distintos proyectos se han acercado al modelo para la consolidación o el retorno hacia el mundo rural y la recuperación de pueblos abandonados.

Se hace necesario, que los nuevos Gobiernos entiendan que la construcción de vivienda nueva especialmente la de vivienda social es importante año a año, pero que pueden delegar un porcentaje para ser construido por parte de la sociedad, bajo el modelo de vivienda colaborativa, contando con las Universidades, el SENA en Colombia (como capacitadores e interventores), los entes púbicos (suelo y subsidios), con estas acciones permitimos hacer comunidad, que la sociedad participe ciudadanamente, en la toma de decisiones, en la edificación, no se atenderá el 100% del alto déficit habitacional, que luego de la pandemia por el Covid-19 llega a valores muy altos en algunos países de Latinoamérica; pero con estas acciones se permite capacitar idóneamente a personas, como por ejemplo a los jóvenes, en oficios de albañilería, cimientos, estructuras, pisos, techos entre muchos otras actividades del sector, en la construcción de sus propias viviendas, target que se está viendo en el mundo, es el con menos expectativas de independizarse en este momento. 

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