Planificación territorial, es importante ir más allá de los términos urbano y rural
Planificación territorial, es importante ir más allá de los términos urbano y rural
La clasificación, urbano o rural, sirve para facilitar el entendimiento de la realidad territorial. Sin embargo, se corre el riesgo de caricaturizar las dinámicas del desarrollo que ocurren en un entorno. Por ello, los países de Latinoamérica y El Caribe, han hecho ejercicios de análisis territoriales utilizando rangos más amplios de categorías de análisis de grados de urbanización, y así se encuentran clasificaciones más cercanas a la realidad. Estos rangos incluyen un variado surtido de municipalidades intermedias que no responden necesariamente a características definidas por el abordaje dualista de urbanización/ruralidad. En este contexto se ha venido desarrollando el concepto de suburbano y/o peri-urbano, el cual permite conectar realidades que tienden a fundirse y que abordaré en la próxima columna.
El objetivo de esta columna, es poner sobre la mesa la importancia de diseñar políticas públicas territoriales que tengan en cuenta la riqueza de información de los diferentes gradientes territoriales, así como las dinámicas territoriales que trascienden límites político-administrativos. Y para poder entender mejor la importancia de este tema, me remitiré específicamente al caso de Colombia. En 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo BID, llevó a cabo un estudio en el país para conocer mejor su realidad territorial. Este estudio, que llevaba por nombre “Misión Para la Transformación del Campo”, encontró que el país estaba dividido en cuatro categorías según la relación urbanización-ruralidad:
- Ciudades y aglomeraciones
- Intermedio
- Rural, con tres subcategorías zonas rurales desfavorecidas (alto grado de ruralidad), zonas rurales intermedias (ruralidad media), zonas rurales dinámicas (ruralidad baja).
- Rural disperso, entendiendo que se trata de la unidad habitacional localizada en el suelo rural de manera aislada que se encuentra asociada a las formas de vida del campo y no hace parte de centros poblados rurales ni de parcelaciones destinadas a vivienda campestre
El estudio concluyó que, cerca del 60% de los municipios del país deben considerarse como rurales, y que más del 30% de la población del país sería de carácter rural. Esta situación entra en contradicción con los datos de la clasificación tradicional, la cual considera que solo el 26% de la población reside en áreas rurales.
Este análisis puso sobre la mesa otros temas vinculantes. Uno de ellos, sé refiere a que cada una de las clasificaciones de la urbanización-ruralidad tenía diferentes indicadores de pobreza multidimensional y pobreza por ingresos. También mostró la forma en la que los indicadores de inclusión social e inclusión productiva variaban para las cabeceras y la población dispersa dentro de una misma jurisdicción. En el marco de este estudio, además, RIMISP – Centro Latinoamericano para el desarrollo rural, encontró que la población dispersa puede vivir cerca a los núcleos poblados (estimó que en 2014 el 82,5% de la población dispersa vive a menos de 20 km de un núcleo urbano de 20.000 o más habitantes, y el 65,6% a menos de 10 km).
El resultado inmediato de clasificar realidades complejas en categorías excluyentes (urbano/rural, por ejemplo) conlleva el diseño de recetas que homogenizan particularidades y, por ende, a la ineficiencia de las políticas públicas para atender las problemáticas propias de la naturaleza y especificidades territoriales. Por el contrario, dentro de los beneficios que tienen la categorización territorial amplias en Colombia, es que, además de ofrecer soluciones más próximas a la realidad (con enfoque territorial), cuando éstas se abordan desde objetivos de convergencia regional y cierre de brechas permite definir necesidades, diseñar indicadores específicos, pero sobre todo asignar sectores responsables e inversiones que permitan enfocarse en las problemáticas encontradas.
En 2015 el Departamento Nacional de Planeación DANE de Colombia hizo un ejercicio para clasificar los municipios y departamentos del país en 7 categorías de acuerdo con su entorno de desarrollo (robusto, intermedio o temprano) y su funcionalidad urbana. Este ejercicio encontró grandes disparidades en términos de calidad de vida, económicos, ambientales, institucionales y de seguridad entre las entidades territoriales y por ende diferentes respuestas desde las políticas públicas.
Dentro de una misma jurisdicción también vemos esta tendencia, tanto en el ordenamiento territorial a partir de una clasificación que divide al territorio en suelos urbanos y rurales, como en la planificación del territorio, que usualmente finaliza donde se acaban los límites político-administrativos de las jurisdicciones territoriales, sin tener en cuenta las dinámicas que afectan los propios territorios pero que ocurren fuera de estos.
Es fundamental que los diseños de las políticas públicas territoriales tengan en cuenta la riqueza de información de los diferentes gradientes territoriales. Así mismo, resulta importante que los tomadores de decisiones entiendan que éstas son implementadas en territorios con complejidades que trascienden abordajes simplificadores de la realidad.
Para conseguir llevar a cabo este objetivo, es necesario abordar los fenómenos territoriales teniendo en cuenta las particularidades del entorno e independientemente de los límites político-administrativos en los que ocurren. Y con ello, y recomendar políticas públicas para acelerar las interdependencias que generan externalidades positivas y regular aquellas que generan externalidades negativas, así como propuestas de asociatividad territorial que permitan economías de escala y sinergias en los beneficios de la implementación de las políticas públicas.
En una próxima columna tratare con más detalle algunos de los asuntos territoriales que trascienden las categorías territoriales tradicionales: vínculos urbano-rurales, tipologías y taxonomías territoriales, áreas funcionales, territorios periurbanos e interdependencias municipales.
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