Soberanía energética en riesgo: el país se juega su futuro entre inversiones y decisiones urgentes

Soberanía energética en riesgo: el país se juega su futuro entre inversiones y decisiones urgentes

Soberanía energética en riesgo: el país se juega su futuro entre inversiones y decisiones urgentes

• Colombia enfrenta riesgos energéticos actuales, como desabastecimiento de gas, posibles racionamientos eléctricos y retrasos en proyectos clave, lo que genera preocupación sobre la seguridad energética.
  
  

• Para 2025 se proyectan inversiones estratégicas orientadas a mitigar estos riesgos, incluyendo energía eólica costa afuera, nuevas plantas de regasificación y una subasta del cargo por confiabilidad.

Bogotá, abril de 2025. Colombia enfrenta uno de los momentos más retadores en materia energética de las últimas décadas, marcado por una creciente incertidumbre, decisiones políticas controversiales y un panorama técnico que exige respuestas urgentes. La transición propuesta por el actual gobierno hacia fuentes renovables ha desatado un cambio profundo en la estructura energética nacional: se suspendieron nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, lo que ha debilitado la capacidad de reposición de reservas.

“El panorama del sector energético es de mucha incertidumbre y desorganización. El actual gobierno ha propuesto una agenda que se desliga de las energías fósiles para privilegiar las energías renovables, y en ese sentido inició anunciando la no firma de nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, con la consecuente afectación de dicha actividad y de la reposición de las reservas que diariamente se van consumiendo por virtud de la explotación” explicó Álvaro Josué Yáñez, Socio de CMS Rodríguez-Azuero.

Esto ha afectado particularmente al gas natural, un energético vital en más de 12 millones de hogares colombianos y del cual el país ya no es autosuficiente. Al mismo tiempo, los proyectos de energías renovables, especialmente los de generación eólica en la Guajira, han enfrentado retrasos por problemas de licenciamiento ambiental y social. La presión también se ha trasladado al sector eléctrico, donde el aumento de tarifas ha desatado una fuerte polémica sobre quién debe asumir los costos de la cadena de suministro antes de que lleguen al consumidor final.

La seguridad y soberanía energética, entendida como la capacidad del país para autoabastecerse sin depender de terceros, se ha convertido en un asunto de Estado. Aunque el petróleo aún cubre la demanda interna, el desequilibrio en el suministro de gas natural ha obligado a importar Gas Natural Licuado (LNG) a altos costos, mientras que el sistema de energía eléctrica, fortalecido tras el apagón de los años 90, comienza a mostrar señales de vulnerabilidad ante un posible racionamiento, debido a los bajos niveles de los embalses.

Ante este panorama, las inversiones se han convertido en el eje de la estrategia nacional para enfrentar la posible crisis energética. Desde hace algunos años, Colombia ha venido promoviendo proyectos en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), con importantes iniciativas solares y eólicas.

De acuerdo con Yáñez “El gobierno ha dado un paso más con la apertura de la primera ronda para generación eólica costa afuera, que podría significar un cambio estructural en la matriz energética. Paralelamente, Ecopetrol ha activado planes estratégicos para la construcción de nuevas plantas de regasificación de Gas Natural Licuado (LNG), necesarias para garantizar el abastecimiento interno ante la insuficiencia de la producción nacional. Estos proyectos apuntan a cubrir la demanda, evitando una dependencia energética que comprometa la estabilidad del país”.

En el plano de transmisión eléctrica, desde hace varios años se está desarrollando el proyecto Colectora, a cargo del Grupo Energía Bogotá (GEB), el cual ha tenido importantes retrasos fruto de trabas en los procesos de licenciamiento socioambiental. Con todo, varios expertos opinan que deben impulsarse medidas más agresivas que permitan la puesta en operación de nuevos proyectos en los distintos subsectores, lo cual, muy posiblemente llevará al gobierno que asuma en 2026 la revisión de determinadas políticas que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad energética, incluyendo el desarrollo de yacimientos no convencionales.

Sin duda, la seguridad energética debe ocupar un lugar central en la agenda nacional. El momento exige decisiones firmes, basadas en criterios técnicos y con visión de largo plazo. Garantizar el abastecimiento, acelerar la ejecución de proyectos estratégicos y consolidar una infraestructura robusta no es solo una tarea del sector, sino una necesidad impostergable para el país. La sostenibilidad, la competitividad y la estabilidad de Colombia dependen de una política energética coherente, capaz de anticipar desafíos y construir un futuro seguro para todos.

 

 

 

 

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